El Grupo Consenso salió ayer a oponerse al proyecto de ampliación de la ruta 32 (Río Frío-Limón) por cuanto genera muchas dudas tanto a ellos como a los costarricenses.
El Grupo Consenso está conformado por Lanamme-UCR, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica. Desde su conformación en el 2011, ha entregado dos informes a la Presidencia de la República y a los candidatos presidenciales.
El primero acerca de la priorización de proyectos de infraestructura vial, y el segundo en relación con la reorganización del MOPT-Conavi y otras leyes ligadas a la infraestructura vial. La ampliación de la ruta 32 se encuentra dentro de las prioridades definidas por este grupo.
A criterio de estos expertos, la ampliación de esta ruta es prioridad para el país. Sin embargo, las condiciones en las que se está planteado el empréstito les generan dudas importantes.
Las principales dudas del Grupo Consenso se refieren a la necesidad de reubicar el poliducto de RECOPE entre Siquirres y Moín, pues la suma asignada para la readecuación de servicios es muy baja para un trabajo de este tipo.
Según los presupuestos analizados por la Cámara Costarricense de la Construcción, el monto estimado para remoción de todos los servicios públicos es de $10 millones. Existen, además, otros $10 millones adicionales para expropiaciones, que podrían ser insuficiente para una franja de 10 metros a lo largo de los 50 kilómetros de la tubería del poliducto. Esta cantidad de dinero podría no alcanzar para cubrir las necesidades de otras instituciones como AyA e ICE, esta última posiblemente deba reubicar las líneas de fibra óptica que instaló hace años con el proyecto Maya.
Para el grupo, se genera también una duda con respecto a la normativa técnica y legal que aplica en el desarrollo del proyecto. Según se ha comentado, se deberá utilizar la legislación china, lo cual dejaría por fuera las figuras de control de nuestro país, como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR.
Además,los análisis financieros de la Cámara de la Construcción indican que las condiciones del préstamo, en cuanto al componente en yuanes (moneda china), generan incertidumbre en el mediano y largo plazo.
