En una votación de 5 a 2, la Sala Cuarta rechazó la acción de inconstitucionalidad tramitada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Afines y Portuarios (Sintrajap), con lo que autorizó dar en concesión los muelles, en este caso el de Moín, para que APM Terminals pueda construir, tras contrato con el gobierno, la terminal de contenedores de Moín (TCM), cuyo costo ronda $1.000 millones.
Sintrajap solicitó que se declararan inconstitucionales varios artículos e incisos de la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público y por conexión el contrato firmado con APM Terminals por considerar que el tema de la concesión de puertos, aeropuertos y ferrocarriles debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa, pero la mayoría de los magistrados difiere.
Según se especifica en la sentencia 2013-1569, “una concesión, desde el punto de vista técnico jurídico, no implica ni un traspaso ni una enajenación, porque en una concesión se preserva la titularidad del servicio a favor del Estado”.
Añade el documento que “mientras el Parlamento legisla fijando el marco jurídico positivo para que el Ejecutivo gestione administrativamente las concesiones, a este último se le encomienda la celebración de esta modalidad de contratación administrativa”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Viernes 29 Noviembre, 2013
HORA: 12:00 AM
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