“Quien incurra en delitos tributarios deberá enfrentar las consecuencias sin excepción”, con esta frase la Presidenta de la República sepultó el año pasado la posibilidad de que los grandes evasores fiscales puedan conciliar con el Estado una salida a su deuda, sino que a partir de la directriz 30 todos los casos pasan directamente a los Tribunales de Justicia.
A través de una acción de inconstitucionalidad, por lo menos media docena de infractores buscan traerse abajo esta decisión presidencial y tener una alternativa para cancelar su deuda con el fisco, sin tener que pasar por un engorroso proceso judicial que podría llevarlos a una condena carcelaria.
Con el expediente número 13-002282-0007-CO, la Sala Cuarta dio curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado William Charpentier Morales al estimar que la directriz presidencial es contraria a los principios de igualdad, legalidad, reserva de ley, razonabilidad, proporcionalidad y derecho de las partes a solucionar solucionar sus diferencias mediante vías de resolución alterna de conflictos.
Charpentier denuncia que limita y restringe el derecho de negociar medidas alternas en el proceso penal, tales como la reparación integral del daño y la conciliación entre el Estado y los imputados por delitos tributarios.
Alonso Salazar, abogado tributario, explicó que esta directriz se ha convertido en un arma de doble filo para el propio gobierno, ya que ahora es más difícil que el país recupere algo de lo que los evasores han dejado de pagar, debido a que los procesos judiciales son muy largos.
Mientras que mediante una conciliación el infractor paga su deuda en efectivo o en especie, ya que incluso puede ser saldada recibiendo propiedades que pasan a formar parte del erario.
“Nadie está diciendo que los evasores fiscales no quieren pagar, pues muchos se acercan a Hacienda para ponerse al día, pero con esta directriz no pueden seguir adelante”, declaró el jurista.
