La ley aprobada la semana pasada que haría que los informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR), podría quedar solo en el papel, por cuanto, sería elevada a consulta de la Sala Constitucional.
Esa idea fue apoyada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro. “Sobre el interponer un recurso de inconstitucionalidad nosotros lo hemos sugerido. Inclusive hay abogados que han dicho que acá hay un criterio de inconstitucionalidad que debe de ser evacuado. Apoyamos esa idea”, dijo Castro.
Explicó que en el MOPT han tenido algunas reservas de si el laboratorio de una universidad pública que es autónoma puede interferir y controlar los proyectos y lo que hace el Poder Ejecutivo.
“Nosotros creemos que hay que valorarlo desde el punto de vista constitucional. La Constitución Política no establece que las universidades públicas ejerzan elementos de fiscalización sobre todo con elementos vinculantes sobre el Poder Ejecutivo, nosotros creemos que ese tema hay que revisarlo. Si eventualmente se llegase a dar, hemos advertidos dos situaciones.
Tenemos ya un ente auditor que es la Contraloría General de la República que tendrá que coordinar muy de cerca con Lanamme porque podría llegar a contradicciones, por otro lado Lanamme debe llegar a tener mucho cuidado por cuanto por un lado, puede llegar a ser asesor técnico del ministro y viceministro, luego puede llegar a recomendar auditar y ejercer criterio sobre lo que ellos mismos han dispuesto”, dijo el ministro.
Explicó que un asunto importante que los funcionarios de Lanamme deben manejar con mucha cautela es que ellos también deberán de asumir responsabilidad social. Si eventualmente producto de las auditorías de Lanamme salen criterios que afecten la ejecución de obras que no tienen un carácter técnico económico óptimo pero son necesarios para habilitarle un camino a una comunidad que tiene la vía en mal estado o un puente que es punto de acceso.
“Bueno si eventualmente por un criterio de Lanamme esas obras no se pueden ejecutar tendrían que estarle dando explicaciones esa personas”, concluyó Castro.
ABOGADO ADMITE ROCES
Eduardo Sancho, abogado constitucionalista, admitió que esta reforma de ley que le da al Lanamme ciertas potestades en la toma de decisiones en el Mopt y otras dependencias de gobierno, podría tener un roce con la Constitución Política, “por definición los poderes del Estado tienen una autonomía y sus funciones están designadas por la Carta Magna”, según explicó el jurista.
“Esto haría que la función pública quedara supedita a lo que resuelva un ente privado”, agregó Sancho y dijo que, “la decisión en última instancia en materia vial le corresponde al Estado”
El abogado comentó que Lanamme no podría suplir lo que resuelvan los entes del Estado a lo que agregó que para evitar este tipo de conflicto el Poder Ejecutivo debe establecer un convenio con dicho laboratorio para evitar una posible injerencia en la función pública.
