Alfredo Vega, Weyner Carmona, Franklin Murillo y Lestier Mendoza, cuatro los 550 puntarenenses que fueron despedidos hace 20 años de la empresa Fertica, guardan la esperanza de que la Corte Interamericana de Justicia, le ordene al Gobierno de Costa Rica, los indemnice por todo el sufrimiento de 20 años.
Todos son parte del grupo de extrabajadores que a través de cartas o telegramas fueron despedidos por la empresa luego de participar en una huelga en la que exigían el respeto de la convención colectiva.
“En años anteriores ser trabajador de esa empresa era un orgullo. Por cuanto se pagaban buenos salarios. Se tenían muchos beneficios, un fondo de socorro, un fondo para compra de casa. Hasta nos daban los sacos navideños que traían de todo. Todo lo perdimos de la noche a la mañana. No solo nos despidieron sino que hicieron circular una lista negra para que no nos dieran trabajo en ninguna parte. 20 años de angustia nos tienen indignados” dijo con nostalgia Alfredo Vega, este domingo en una visita de un equipo de DIARIO EXTRA a la zona.
Todos con mucho dolor recordaron como les cambio la vida en unos pocos días.
Comentaron que en Puntarenas a finales del siglo pasado e inicios del actual la una fuente de empleo era Fertica, por lo que dada muchas ventajas, por cuanto toda la comunidad se beneficiaba. Hasta tenía un inmenso supermercado abierto a toda la población con precios muy bajos. Además se financiaban obras comunales, becas, uniformes.
Para las navidades los trabajadores compartían con sus vecinos la bonanza económica. Sin embargo, todo cambió, perdieron todo y los 600 trabajadores fueron lanzados a la calle.
Las cartas de despido eran enviadas por correo y muchas veces recibido por las esposas embarazadas, creando un trauma familiar.
Muchos de ellos en la desesperación de no encontrar empleo fueron inducidos a las drogas, al licor, otros se alzaron a la mar, de pesca pero sin experiencia, por lo que fracasaron. La desintegración familiar estuvo a la orden del día, jóvenes tuvieron que abandonar los estudios, decenas de divorcios, hubo suicidios, muchas de las esposas se vieron obligadas a vender drogas o prostituirse, recordaron los trabajadores.
Weyner Carmona comentó que a muchos les remataron sus casas sin haberles avisado porque la debían al fondo.
Vega manifestó que hicieron todo lo humanamente posible por arreglar por las buenas, pero la empresa ni los distintos Gobiernos han querido escucharlos.
“Cuando al Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dé la razón y ordene que se nos pague la indemnización, que no nos digan que somos antipatriotas porque siempre hemos estado abiertos a una solución”, explicó Vega.
