La obligatoriedad de que un privado de libertad trabaje en prisión y que no sea un beneficio como es en la actualidad fue un tema que los magistrados tuvieron que analizar a solicitud de la Asamblea Legislativa.
El magistrado José Manuel Arroyo indicó que el tener que trabajar no debería ser obligatorio para todos los sentenciados sino una alternativa que tenga el juez y que sea impuesta durante la sentencia.
“El hecho de que un privado de libertad ejecute una labor dentro del centro de atención institucional le permite obtener aprendizaje, de un oficio o arte, o que favorece su resocialización, lo que es indiscutible.
Pero imponerlo como obligatorio, con la reforma parcial de algunas normas que tienen incidencia con él, no es suficiente”, manifestó Arroyo en el informe que dio a conocer ayer a sus compañeros de Corte Plena.
La modificación representará tres variaciones en el sistema penitenciario: la obligatoriedad del “trabajo penitenciario”, que este se realice en favor de instituciones privadas y que el descuento sea de cinco días de trabajo por uno de prisión.
Entre los principales problemas que esta obligatoriedad tiene está que no todos los reos se encuentran en condiciones de poder trabajar, de manera que esto podría provocar problemas a la hora de hacer cumplir la nueva normativa.
