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Nacionales

Personas en condición de calle ya no se limitan a la capital

Nuevos gobiernos locales deben enfrentar problemática

  • Personas en condición de calle en los cantones de Tibás, Santo Domingo y Heredia

La problemática relacionada con la exclusión de las personas en condición de calle ya no es solo del cantón central de San José, como lo era hace algunos años, pues luego de la crisis ocasionada por la pandemia se ha extendido por prácticamente todo el país. 

Por este motivo los nuevos equipos que integran las alcaldías desde la semana anterior tienen el reto de desarrollar programas para la reinserción de estas personas, de tal manera que los gobiernos locales sean generadores de oportunidad para todas las poblaciones que lo necesitan. 

DIARIO EXTRA realizó un recorrido por Moravia, Tibás, Santo Domingo, Heredia y Alajuela por lo que pudo comprobar de primera mano la presencia de habitantes de la calle en los alrededores de los parques centrales. 

En todos estos municipios el problema es evidente en los sitios públicos de mayor visitación y a cualquier hora del día, sin embargo, probablemente se trata de una situación que comparten, con sus diferentes matices, los 84 cantones de Costa Rica.

Tal y como lo señala Jorge Ocampo, presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), uno de los grandes retos es cómo abordar la problemática, pues es “multifactorial”, es decir, que se origina por una amplia variedad de razones o causas y se encuentra en distintas circunstancias. 

De esta forma, el abordaje que se realiza desde Tibás debe de ser diferente al ejecutado en Alajuela, así como el trabajo con los que viven esa dura realidad se diferencia por las condiciones propias de cada individuo. 

 

SUBREGISTRO 

 

¿Cuántas personas son? Encontrar el número exacto es una de las dificultades a priori para cuantificar las dimensiones reales a las que hay que enfrentarse. La mayoría de las instituciones que trabajan el tema, tanto estatales como de la sociedad civil, reconocen que no realizan censos y que no tienen la capacidad de hacerlos. 

Por ahora, la única instancia que maneja datos, aunque no oficiales, es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual reporta que para el 17 de abril pasado había en el país 5.596 personas en situación de indigencia registradas con nombre completo y número de cédula. De esa cantidad, 2.967 se ubican en San José y el resto fuera de la capital. 

No obstante, según informó la oficina de comunicación de la entidad, se trata del conteo realizado a partir de los registrados en los sistemas del IMAS, que no corresponden a un censo oficial.

De acuerdo con Mauricio Villalobos, director de Chepe se baña, muchos de los registros se dan a partir de información obtenida en albergues, que son lugares utilizados por quienes viven en indigencia como un refugio sobre todo en temporada lluviosa, por lo que no son del todo fidedignos, pues se trata de una población “muy dinámica”. 

Uno de los grandes problemas para la institucionalidad es la falta de acceso directo a las condiciones de vida de estas personas, ya que muchas veces se alejan del aparato estatal, lo que dificulta más su atención.

 

POLÍTICA NACIONAL 

 

Desde 2016 y hasta 2026 rige la actual “Política nacional atención integral para personas en situación de abandono y en situación de calle”, planteada desde el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la cual afirma que el Estado costarricense “debe garantizar los derechos de las personas que habitan el territorio y proteger aquellas que no cuentan con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas dirigidas a promover en los sectores más vulnerables el mejoramiento de la calidad de vida”. 

Esto se debe hacer, según establece, a través del trabajo conjunto de distintas instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Fuerza Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), entre otras, así como las municipalidades, por medio de una comisión técnica presidida por el IMAS. 

Por lo tanto, conforme refieren en los diferentes gobiernos locales, la labor debe hacerse de manera coordinada y en colaboración con el resto de las entidades, además en varios municipios acusan falta de recursos, tanto económicos como de personal para afrontar el problema. 

Así, aunque los planes de gobierno de las alcaldías plantean acciones para la atención y reinserción de quienes viven en la calle, en los municipios comentan que los planes aún se están desarrollando y se gestionan los primeros encuentros interinstitucionales. 

 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

A pesar de que en años recientes se ha sumado el tema de las familias migrantes en tránsito a lo complejo de las personas en situación de calle, la mayoría de la problemática sigue asociada al consumo de drogas y alcoholismo. 

Es por esto que para la trabajadora social del Centro de Capacitación, Asesoría y Seguimiento del IAFA, Silvia Ulloa, lo más relevante es que las diferentes iniciativas se desarrollen desde el enfoque de derechos humanos y por medio de estrategias basadas en evidencia, es decir, que hayan sido probadas por su efectividad con criterios científicos. 

A pesar de ello, señala que desde los programas de reducción de daños, basados en los principios de derechos de las personas, no se puede medir la eficacia solo tomando en cuenta porcentajes de reintegración de las personas atendidas.

“El éxito no se mide en cuántas personas logran mantener abstinencia, nuestro fin último es ese, sin embargo, cualquier cambio que la persona haga es positivo, en tanto mejora su calidad de vida”, explicó.

La especialista externa que la situación de quienes están en condición de calle es compleja y estructural, ya que generalmente tienen dificultades de salud, a nivel social y a nivel familiar, por lo que deben ser atendidos de manera integral. 

Ulloa también menciona que otro de los grandes retos para abordar el tema es que se trata de una población estigmatizada, lo que ocasiona que se le dificulte ingresar a los programas de apoyo y reinserción. “El trabajo no puede ser aislado, sino que tiene que haber redes locales de apoyo, que les permitan integrarse de manera positiva”, enfatizó. 

 

OPINAN

 

Alejandro Alvarado 

Alcalde de Tibás 

“Nosotros lo que propusimos en el plan de gobierno es un abordaje integral, lo que incluye coordinación directa con la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud y organizaciones como IAFA. Somos claros que no basta únicamente con erradicar los espacios en donde ellos usualmente están, sino que se deben generar las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida”. 

 

 

Jorge Ocampo 

Presidente del IFAM 

“No todos los cantones tienen las mismas condiciones, hay unos que llevan años trabajando con estas poblaciones y tienen programas estructurados; hay algunos que están empezando a tener este problema con más intensidad, por lo que parte de lo primero que tenemos que hacer, desde el IFAM, es continuar con la capacitación, asistencia técnica y financiamiento que damos”. 

 

Jorge Fonseca 

Alcalde de Santo Domingo 

“Es necesario que el gobierno local cumpla con lo señalado por el Código Municipal, que es la creación de albergues, para lo cual vamos a presentar una propuesta al Concejo, cumpliendo en primera instancia con los estudios correspondientes que nos permiten determinar la viabilidad del proyecto. Lo importante es que tiene que ser manejado de una manera integral”. 

 

PERIODISTA: William Aguilar Téllez

CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval

EMAIL: [email protected]

Martes 07 Mayo, 2024

HORA: 12:00 AM

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