Parlamento y mejora normativa

Está legal

Como cada primero de mayo, la Asamblea Legislativa se presta a realizar el proceso electivo de quiénes integrarán el Directorio, acto constitucional que encierra por sí mismo un gran significado para la vida democrática de nuestro país.

La elección del Directorio definitivo, por mayoría absoluta de los presentes, y la apertura del primer periodo de sesiones extraordinarias de la tercera legislatura periodo mayo 2024-abril 2025, marcarán el inicio de este nuevo año.

Es el Parlamento el espacio de encuentro entre poder y derecho, donde confluyen las relaciones de poder para cocrear Leyes de la República y otros actos, con arreglo a los principios democráticos que son el fundamento del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que regula los procedimientos de formación de la ley.

Como institución, uno de sus retos es mejorar en la eficacia y eficiencia en la elaboración de normativa que estimule el crecimiento económico y favorezca el bienestar social.

Esta debe ser simple y clara, y cuyo cumplimiento represente a los ciudadanos un potencial innovador en su calidad de vida.

Para avanzar en esta dirección la normativa debe ser cada vez más centrada en la evaluación de su impacto, para determinar eventuales consecuencias a nivel económico, social y medioambiental, pero, además, se debe adaptar las estructuras institucionales del Estado, a las circunstancias históricas del momento, para dar una respuesta efectiva a una necesidad real. Simplificar procesos y reducir cargas administrativas, garantizar de modo adecuado la participación de los ciudadanos y fortalecer la seguridad jurídica.

Para trabajar en esta dirección se requiere examinar la calidad de los métodos de formación de la ley, modernizando las herramientas y procesos contemplados en el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), entre ellos la revisión del artículo 80 que regula el plazo para rendir informe a las comisiones legislativas.

En el año 2019, luego de un proceso de análisis y negociación política se logró modificar varios artículos del RAL, con aspectos novedosos, promoviendo una mejora en la calidad de algunos procesos.

Dentro de los cambios se estableció por primera vez en la vida constitucional de nuestro país el plazo para rendir dictamen de las comisiones permanentes y permanentes especiales en la Asamblea Legislativa, término que se fijó en 120 días, pero con la consecuencia de que estos plazos han representado, con el transcurrir de su aplicación, ser tiempos relativamente cortos, ante el gran volumen de trabajo que tienen estas instancias legislativas.Al finalizar esta legislatura, en la Asamblea Legislativa llegaron a operar 56 comisiones de trabajo y algunas de ellas con agendas con casi 100 iniciativas de ley.

El objetivo de interés de asegurar la calidad de las normas se compromete, ante el volumen de trabajo, dado que concurren otros elementos que provocan una relativa reducción del análisis de impacto de las propuestas legislativas.

Debe ser un interés general la revisión del artículo 80 del RAL, para que concurran circunstancias que dentro de la proporcionalidad y razonabilidad se pueda incidir en forma efectiva en el proceso de diseño de políticas públicas legislativas y formulación de propuestas normativas, como un hito decisivo en la mejora de la calidad de las normas.

Lo que va aparejado de la importancia de fomentar la cultura administrativa del análisis y evaluación de los impactos, como instrumento indispensable en el proceso de construcción normativo, para asegurar el ejercicio del derecho de iniciativa que tienen las diputaciones.

Bien indico Ortega y Gasset: “La salud democrática depende del respeto a un mínimo procedimiento técnico” y es este mínimo que hoy constituye un desafío en la dinámica del quehacer legislativo y en la calidad de nuestro sistema jurídico.

*Abogada y politóloga

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Martes 30 Abril, 2024

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: M.Sc. Andrea Muñoz Argüello*