El proyecto de ley 21.540, que impulsa David Segura, diputado del partido Nueva República, pretende que las personas que deben pagar pensión alimentaria puedan hacerlo de manera responsable.
El objetivo de la iniciativa, que fue aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa, es crear una bolsa de empleo para las personas que se encuentran en este proceso con el fin de evitar que los menores resulten afectados.
Asimismo, señala que cuando se demuestre que consiguieron empleo, las personas que estén en la cárcel por pensión alimentaria sean liberadas para que trabajen y atiendan su compromiso.
DIARIO EXTRA consultó al legislador para conocer por qué cree que es necesario aprobar esta iniciativa de ley y refirió que lo primordial es no afectar a los menores de edad.
“Meter a las personas deudoras a la cárcel no garantiza los alimentos de los niños, al contrario, mientras la persona está en la cárcel, sin devengar un salario, la deuda por pensión se va acrecentando mes a mes.
Debemos esforzarnos para que los responsables puedan pagar la pensión a la que tienen derecho los niños. El proyecto lo que busca es eso”, manifestó.
Según la propuesta de ley, esta medida también pretende beneficiar a los hombres que son perseguidos por la policía en caso de apremio corporal, que se suspende cuando se demuestre que obtuvieron un trabajo.
Cabe señalar que un apremio corporal hacer referencia a detener a la persona que debe pagar la pensión alimentaria y liberarla cuando deposite el dinero que debe.
El principal objetivo del proyecto es la creación de una bolsa de trabajo específicamente diseñada para personas en esta situación, con el propósito de facilitar su inserción laboral y, en consecuencia, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
¿CÓMO FUNCIONARÁ?
De acuerdo con la información de lo que pretende convertirse en ley, podrán ingresar a la bolsa de empleo aquellas personas deudoras alimentarias que sean remitidas por los juzgados de pensiones alimentarias o de familia del país.
“El Ministerio de Trabajo, a través de los departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección de Empleo, facilitará la difusión de las ofertas laborales de las entidades públicas, organizaciones y empresas privadas, a fin de promover la empleabilidad de las personas deudoras alimentarias”, se lee en la iniciativa.
Así mismo, el texto de la propuesta detalla que la persona deudora alimentaria podrá presentar ante el juzgado correspondiente la gestión de inclusión en la bolsa de trabajo.
Esta acción podrá realizarla la persona que debe pagar pensión en cualquier etapa del proceso que tenga abierto en esa materia, por lo que el juzgado estará obligado a remitir a la bolsa de empleo dicha solicitud en el plazo de 24 horas.
Segura afirma que la persona deudora alimentaria deberá ser incluida en la categoría de grupos de población especial de la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Empleo.
Se debe recordar que en materia de pensiones alimentarias no es necesario que la persona deudora tenga un abogado que la represente.
“El proceso en pensiones alimentarias actualmente es por escrito. Tanto la inclusión de la persona deudora en la bolsa de empleo como la solicitud para buscar trabajo se pueden hacer en forma digital, es decir, el escrito se envía de forma electrónica”, explicó el legislador.
Además, detalló que en el caso de una persona que pierda el trabajo debe informarle al juez y también debe pedir el plazo para buscar empleo antes de que se emita la orden de apremio.
“En el caso de que una persona esté ya en la cárcel puede hacer esa solicitud desde la cárcel, por vía electrónica, para aplicar a esta ley una vez que sea aprobada”, agregó.
CUENTA CON APOYO PARA SER LEY
Es importante señalar que este proyecto de ley que impulsa Segura en su momento lo presentó el exdiputado Harllan Hoepelman, del mismo partido político.
La aprobación de esta iniciativa en el plenario contó con un amplio respaldo de 38 legisladores de cinco fracciones: Liberación Nacional, Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista.
Sin embargo, los diputados del Frente Amplio (FA) expresaron su oposición.
Nueva República informó que, con base en datos del Ministerio de Justicia, en 2021 el costo de manutención de cada privado de libertad superaba los ¢700.000 mensuales y que incluso muchas de esas pensiones no son tan altas como el costo de meter a la cárcel a la persona deudora.
“A pesar de los millones que le cuesta al Estado mantener a esos deudores en la cárcel, los niños continúan sin recibir la manutención a la que tienen derecho y por esa razón este proyecto lo que busca es defender objetivamente el derecho a la alimentación de los niños, obligando a los padres irresponsables, antes de simplemente enviarlos a prisión, a cumplir con su obligación”, indicó el partido.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar/ Asamblea Legislativa
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Miércoles 24 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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