De los 71 pacientes que fueron trasladados desde la Fundación Manos Abiertas luego de una intervención del Ministerio Público, 17 ya han fallecido, la mayoría de estos fueron tratados en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dichos datos fueron corroborados a DIARIO EXTRA por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), desde donde comentaron que, de momento, el resto de pacientes se encuentra en condición estable.
“Recordemos que esta era una población vulnerable con una situación de salud bastante delicada, con discapacidades múltiples y que durante muchísimos años estuvieron con una atención o tratamiento que en lo físico no se podrían determinar factores de violencia, pero, quizás era deficiente en cuanto a la atención médica oportuna, al suministro de medicamentos que fueran los adecuados.
Obviamente, al estar ahora dentro de una estructura médica constante con las dosis adecuadas en los procesos correspondientes, las muertes se han suscitado, algunas de ellas por shock sépticos”, comentó Bilbia González, directora de Conapdis.
Los fallecidos tienen un rango de edades desde los 20 hasta los 70 años, además, la institución asegura que no recibió ninguna alerta sobre abusos o irregularidades antes de que se dieran los allanamientos perpetrados por el Ministerio Público el 5 de marzo de este año.
¿QUÉ PUDO PASAR?
Según el conteo de los fallecidos con corte hasta este jueves, parte de las muertes corresponden a choques sépticos, los cuales corresponden a un tipo de trastorno que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo por culpa de una infección.
“Es una sepsis, en la que los trastornos de los sistemas cardiovascular, metabólico y a nivel celular son tan profundos que aumenta de manera significativa la mortalidad”, define la Organización Mundial de la Salud.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con la doctora María Suárez sobre si el cambio de tratamiento médico pudo haber ocasionado la muerte de los pacientes.
Sin embargo, la médica explicó que esto no es lo común, puesto que el shock séptico se puede dar por una infección en cualquier sitio que produce inestabilidad hemodinámica en el paciente.
“Tendría sentido si les hubieran empezado a tratar con algún inmunosupresor y que antes no estuvieran recibiendo, en ese caso se les bajaría las defensas y serían más susceptibles a alguna infección, pero habría que individualizar cada caso”, agregó la doctora.
LLUEVEN CRÍTICAS
Tras esta situación, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) emitió su posición ante el incremento del número de fallecidos egresados de esta fundación, responsabilizando al Gobierno por las víctimas fatales producto de la inacción.
“Sin lugar a duda, la responsabilidad recae directamente en la totalidad del Estado costarricense, en diversidad de instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial que no colocaron a las personas en el centro de la gestión.
Hemos visto con enorme angustia la constante referencia de los medios de comunicación, sobre la supuesta situación de riesgo, en que residían un grupo de personas con discapacidad, en la organización no gubernamental, subvencionada por el Estado denominada Manos Abiertas”, aseveró la Alamud mediante un comunicado de prensa.
También cuestionaron el cambio tan drástico que les tocó sobrellevar a las personas con discapacidad que fueron trasladadas desde la organización hacia los centros de salud u otros lugares dispuestos por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Conapdis.
“No se elaboró un plan por parte de las instituciones judiciales en coordinación con diversas instituciones del Ejecutivo, que considerara por un lado las condiciones de salud de las personas residentes, su situación de discapacidad, las necesidades y apoyos que requerían y por otro las necesidades de la investigación judicial.
Hoy no decimos que se investigan ‘supuestos maltratos’, sino ‘dudosos maltratos’ ya que nunca antes en la historia de esa fundación se habían registrado tantísimas muertes ni siquiera en todo un año”, sentenciaron desde Alamud.
Por último, la alianza solicitó que se revisen a nivel nacional los modelos de atención residencial de las personas adultas, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en situación de abandono para que se garantice su integridad y sirvan en pro de una segura inserción dentro de la comunidad.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?
Tras los acontecimientos ocurridos con esta fundación, desde Conapdis se aseguran de que se ha desplegado toda una estrategia buscando que la historia que sufrieron estas 71 personas no se vuelva a repetir.
“Nosotros dentro del plan de acción que se generó, no solo desde el momento en que se atendieron los allanamientos, sino que forman parte de la atención de fiscalización y supervisión que realizamos a la población, específicamente en este momento y en este caso concreto, lo que hacemos son visitas que se están dando periódicamente por parte de nuestros profesionales médicos y equipo de personal social de apoyo”, mencionó González.
De este modo, la funcionaria afirmó que los trabajadores de la entidad, es decir, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, estarían en constante control de los pacientes trasladados.
La Fundación Manos Abiertas abrió sus puertas en 1991 y su objetivo era ayudar a personas en condición de vulnerabilidad de manera gratuita, tras una larga investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en compañía de otras entidades intervino Manos Abiertas.
Según fuentes oficiales, entre los delitos que se investigan en contra de los representantes de la fundación estarían malversación de fondos, ejercicio ilegal de la profesión (se hacían pasar por monjas) y maltrato infantil, no obstante, este último no ha sido confirmado tras los informes técnicos iniciales.
PERIODISTA: Daniel Suarez
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
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Viernes 19 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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