Gloria Navas, diputada y presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, hizo un llamado a las jefaturas de fracción para que metan el acelerador al proyecto 23.986, el cual reforma la prisión preventiva a nivel nacional.
La propuesta impulsada por Gilbert Jiménez, diputado de Liberación Nacional (PLN), en términos generales pretende que no se puedan aplicar medidas cautelares alternas a la prisión preventiva cuando los hechos imputados consistan en cualquiera de los delitos de narcotráfico, crimen organizado o sicariato.
Del mismo modo, la propuesta plantea que no se puedan aplicar medidas alternas cuando “exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad”.
La misma medida aplicaría cuando la persona sea investigada por casos de violencia contra las mujeres, haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad, y se participe a personas menores de edad en la comisión de hechos delictivos, entre otros.
Punto por señalar es que dicha iniciativa es parte del paquete de proyectos de seguridad.
DUDAS
A pesar de lo anterior, la medida fue cuestionada por la Corte Plena al señalar que la propuesta tendría roces de constitucionalidad y además afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.
“Esta propuesta, de prosperar, podría generar responsabilidades internacionales para el Estado costarricense. La prisión preventiva dejaría de convertirse en una medida cautelar en tanto que no existe un análisis del caso concreto o de la necesidad procesal, sino que es una medida punitiva que se dicta anticipadamente porque no hay condenatoria para ese momento”, dijo Patricia Vargas, magistrada de la Sala Tercera, quien estuvo a cargo del informe.
En el Poder Judicial informaron que afecta el artículo 239 del Código Procesal Penal.
“Supondría una clara afectación al funcionamiento del Poder Judicial porque evidentemente se van a requerir más recursos humanos y materiales para que todos los despachos involucrados puedan realizar su trabajo: Defensa Pública, Ministerio Público, juzgados penales, tribunales, OIJ, etc.”, comunicó.
“Pensemos solo en la sección de cárceles: la infraestructura, el traslado de estas personas en todas sus diligencias. Todo esto afecta el funcionamiento del Poder Judicial”, añadió.
CAMBIOS
Ante esos pronunciamientos, Navas planteó a los legisladores que avancen a la brevedad posible en una serie de mociones para modificar lo señalado por el Poder Judicial.
Incluso advirtió que la propuesta, ya con las modificaciones, debería estar aprobada antes de que terminen las sesiones ordinarias; es decir, antes del 30 de abril.
“El tejido social de Costa Rica cambió, debemos ajustar las leyes a las nuevas circunstancias”, manifestó Navas ante las jefaturas de fracción.
A SALA IV
Sin embargo, el tema parece ir para largo porque, aunque se apruebe en primer debate, el Frente Amplio (FA) analiza realizar una consulta del proyecto a Sala Constitucional.
Incluso, ya está buscando 10 votos para remitir el texto a los magistrados.
“(…) Creo que son temas delicados y si bien (el proyecto) es loable, más bien podría favorecer a los criminales si algún concepto no se maneja de la mejor manera.
Lo que hemos hecho es hacer eco de lo que especialistas y el Poder Judicial han dicho, por eso creemos que debe hacerse una consulta constitucional.
Creería que por las propias observaciones del Poder Judicial, la mayoría de fracciones deberían estar de acuerdo con la consulta”, declaró Antonio Ortega, legislador del FA.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Issac Villalta
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Viernes 19 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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