Funcionarios de la Asamblea Legislativa denunciaron ante el Ministerio Público un aparente desfalco por ¢1.800 millones en Coopeasamblea R.L., situación que estaría afectando a más de 700 trabajadores del Congreso.
La administración de esa cooperativa de ahorro y crédito, creada en 1972 y cuenta con 445 socios, habría entregado préstamos sin garantía por poco más de ¢1.000 millones que provienen del fondo de cesantía y ahorros de todos los empleados de la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios Walter Rodríguez Araya, médico del Congreso y Yeiner Corrales Salas, exdirectiva del Consejo Administrativo de Coopeasamblea, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía de Fraudes y de Probidad por los delitos de administración fraudulenta y peculado.
De forma exclusiva DIARIO EXTRA tuvo acceso a la denuncia interpuesta en el Ministerio Público contra la actual administración de la cooperativa, que incluye al presidente Rodolfo Camacho Sandoval y Carlos Guzmán Bonilla, gerente general.
SILENCIO TOTAL
Según explicó el doctor Rodríguez, quien tiene 27 años de ser funcionario legislativo, mismos de ser miembro de Coopeasamblea, a raíz de una serie de rumores sobre un manejo irregular de los recursos comenzó a reunir información y el 21 de febrero pasado, en la asamblea general de socios, hizo unas consultas sobre inconsistencias en la administración de cesantía como en el capital social de la cooperativa.
Ante la ausencia de respuestas claras, Rodríguez señaló que iría ante la Fiscalía General.
“Lo que queríamos era una explicación de los procesos contables y el desvío de los fondos. Los dineros que fueron trasladados de cesantía que no podían ser tocados y que la cooperativa usó como caja chica para cubrir gastos, saber dónde estaban las partidas de índice dudoso”, comentó el médico de la Asamblea.
ADVERTENCIAS IGNORADAS
El abogado José Eduardo Vargas Rivera, quien asesora a los denunciantes, recordó que la funcionaria Corrales estando dentro del consejo administrativo de Coopeasamblea hizo ver por escrito las anomalías, advertencias que fueron obviadas por la administración.
“Hablamos de ¢1.800 millones que pertenecen al fondo de capitalización de cesantía y de los ahorros de los trabajadores que afecta a 709 personas”, indicó el abogado Vargas.
Precisamente Corrales estando ya dentro de la administración comenzó a notar en mayo de 2019 irregularidades como la ausencia de estados financieros en las sesiones del consejo.
“Yo comencé a ver situaciones extrañas que profesionalmente me parecían incorrectas. En agosto pasado el Infocoop nos hizo una auditoría y nos advirtieron sobre el estado económico de la cooperativa. El presidente Rodolfo Camacho nos dice que no está pasando nada, que todo estaba en orden. Pero nos llegan cobros de Infocoop por créditos atrasados y seguían omitiendo los estados financieros. El auditor de Infocoop nos dijo que no había reserva de liquidez para nada, es decir Coopeasamblea no tiene el colchón de liquidez que exige la Sugef”, explicó Corrales.
Ante la falta de liquidez, la cooperativa contrata un gerente externo para buscar recursos.
PERPLEJOS
Se contrató a Marco Alfaro como gerente externo de Coopeasamblea en noviembre del 2019.
El 12 de diciembre del 2019, Alfaro entrega un informe sobre la situación financiera de Coopeasamblea, que en palabras de Corrales los dejó perplejos.
“En esa sesión el presidente del consejo no llegó. Alfaro nos dijo que la cooperativa estaba en una situación crítica con respecto a los acreedores, con morosidad con el Banco Nacional, con Infocoop, que se estaba a punto de pasar a cobro judicial y que no éramos objeto de crédito porque se venía arrastrando por meses el pago de las cuotas y que no existía liquidez para nada, toda esa información era nueva para nosotros, ya que don Carlos el gerente ni don Rodolfo nunca nos informaron nada”, agregó Corrales.
PRESTAMOS SIN RESPALDO
Coopeasamblea entregó varios créditos a trabajadores del Congreso que no fueron aprobados por el consejo de administración y llevaron a la cooperativa al estado crítico de liquidez.
Uno de esos créditos se habría entregado al funcionario Alex Peña por ¢80 millones.
“Supuestamente parte de ese dinero se le entregó para ser usado en la campaña municipal (Peña fue candidato del PUSC a la alcaldía de Santo Domingo de Heredia). Rodolfo Camacho autorizó tomar el dinero de liquidez que se mantenía en el Banco Nacional (alrededor de ¢300 millones) y disponer de esos dineros para repartirlos en créditos para financiar campaña política”, señaló Corrales.
La funcionaria dijo que ellos han solicitado a los directores de Coopeasamblea información sobre otros créditos, pero se les ha ocultado información.
CRÉDITOS A DIPUTADOS
Incluso se sospecha de créditos a parlamentarios y exparlamentarios que no recibían, luego salían del Congreso y nunca se los cobró.
“Me enteré del caso de un diputado que puso una finca a responder, pero la propiedad tenía un proceso sucesorio entonces no funcionaba como garantía, y entonces la cooperativa perdió los dineros”, reveló Corrales, quien no recordó el nombre del legislador.
“Coopeasamblea se hizo un autopréstamo de la plata de la cesantía (lo que es ilegal) para poder trabajar, lo siguió haciendo y hoy no tiene un cinco”, agregó el doctor Rodríguez.
COOPERATIVA FANTASMA
La denuncia incluye irregularidades como el traslado de ¢782 millones del fondo de cesantía y ahorro de los trabajadores a una supuesta cooperativa llamada Coopemora, lo que la ley impide, pero además el abogado Vargas dice que no existe.
“Está demostrado por la Sugef y por las entidades públicas que Coopemora no existe, es un fantasma. Lo que hicieron fue registrar ese traslado de recursos como una línea de crédito que no existe”, indicó el litigante.
“Fue una línea de crédito que crearon para suplir las necesidades de crédito de quienes ya estaban morosos o a punto de llegar a cobro judicial, entonces volverles a prestar”, agregó Corrales.
Hoy día se desconoce dónde están esos ¢782 millones.
SIN RECURSOS
El programa de pensiones del Congreso indica que en los próximos tres años hay más de 43 funcionarios legislativos que se van a acoger a su pensión, pero en este momento no existen los recursos para pagar la cesantía.
“¿Usted le va a decir a ese trabajador ‘se va, pero no hay como pagarle la cesantía ni tampoco sus ahorros’?”, mencionó Vargas.
FINCA DE RECREO
La denuncia incluye que la junta directiva de Coopeasamblea tomó un acuerdo para vender la finca de recreo de los trabajadores de la Asamblea Legislativa con el propósito de cubrir el faltante de recursos.
La finca se ubica en Turrúcares de Alajuela y estaría hipotecada al Banco Nacional por ¢1.000 millones. Dicho acuerdo de venta fue inmovilizado por la Fiscalía.
MÁS IRREGULARIDADES
Corrales indicó que en muchas sesiones donde se entregaron créditos sin garantías no existen las actas y otras que eran grabadas cuando se transcribían se omitía información importante para no perjudicar a nadie.
APOYO SINDICAL
Los funcionarios legislativos están recibiendo el apoyo de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
Su presidente Lenin Hernández explicó a El Periódico del Pueblo que debería existir mayor supervisión en estos procesos, más cuando ya se conocían las irregularidades.
“Hay un perjuicio a los trabajadores, más aún para aquellos que están por pensionarse. Si ya los costarricenses han tenido una pérdida adquisitiva de su salario, más aún sería para estos funcionarios”, afirmó.
Agregó que la Confederación está brindando todo el apoyo legal para el proceso que se avecina y piden a la Fiscalía que procesa con la celeridad debida.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera.
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Martes 10 Marzo, 2020
HORA: 12:00 AM
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