Programas sociales como becas para educación o pensiones no contributivas podrían verse afectados con la aplicación de la regla fiscal tal como lo ordena la Contraloría General de la República (CRG).
Así lo creen reconocidos economistas consultados por DIARIO EXTRA, luego de que el presidente Carlos Alvarado Quesada anunciara que aplicarán la regla fiscal en toda su extensión.
La decisión se tomó tras conversaciones entre el Ministerio de Hacienda, el de la Presidencia y el ente contralor.
PRESUPUESTO EJECUTADO
Según Fernando Rodríguez Garro, ex viceministro de Ingresos de Hacienda y reconocido economista, lo anterior supone que los presupuestos de la República deben utilizar como base el gasto ejecutado y no proyectado.
Es decir, el presupuesto del 2021 se hará usando como base el gasto del 2019 y no el presupuesto del 2020 (que se encuentra en ejecución).
Lo anterior significará para el gobierno zocarse la faja aún más. Las únicas tres salidas que tiene la administración para hacer cumplir la regla fiscal sería contener el crecimiento de los programas sociales y de los salarios públicos o meter tijera en los planes de inversión pública.
“Esto es como si en el presupuesto de una familia tuvieran que pagar un montón de plata por una deuda, para poder compensar eso solo queda una opción, reducir lo que gasta en otras cosas. En este sentido el gobierno va a tener que hacer algo similar. Para poderse ajustar a la tasa de crecimiento de los intereses y poner un tope al presupuesto va a tener que crecer menos en otras cosas como en los salarios, financiamiento de programas sociales y la inversión o compras que haga el gobierno”.
En el caso de los programas sociales, además de las becas de educación o pensiones no contributivas, también podrían verse afectados los bonos de vivienda y subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social.
En el caso de los salarios habría repercusiones en la contratación de personal en áreas de trascendencia para el país como policías, oficiales de tránsito, guardaparques, agentes del Organismo de Investigación Judicial, jueces o incluso profesores.
En cuanto a los funcionarios actuales, la baja inflación colabora para que los aumentos salariales no sean sustantivos, aunque eso impacta en la calidad de vida.
Por último, en cuanto a inversión, se podría ver recortado el gasto capital con presupuesto ordinario, que se destina para reparar carreteras o escuelas, así como el componente de compras o servicios, entre lo que destacan alquileres, servicios públicos o gasolina.
OJO AL 2022
Para la economista Roxana Morales Ramos, el problema más grande podría ocurrir hacia 2022 cuando los niveles de la deuda pública alcancen el 60% de la producción.
Cree que, con el anuncio del Ejecutivo, ajustarse a lo que disponía la CGR y los diputados provocará impactos palpables en los futuros planes de gastos del gobierno a partir de ese año.
“En el 2022 vendría un golpe fuertísimo porque se aplicaría la regla fiscal más rígida al superarse los límites en deuda pública, lo que provocaría un crecimiento más bajo no solo en gasto corriente (salarios y transferencias a instituciones autónomas), sino en gasto capital o de inversión (obra pública en caminos o escuelas”.
Sobre la afectación en programas sociales, aseguró: “La gente puede pensar egoístamente ‘para qué le van a dar becas a un montón de gente’, pero si el gobierno quita esas ayudas al final muchos de esos jóvenes podrían terminar en las garras de la criminalidad, lo que a la larga también nos afecta como sociedad, todo es un ciclo”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Jueves 27 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
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