Alonso Zúñiga Lobo fungió desde 2008 hasta 2013 como administrador de la casa de campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Este lunes en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de las campañas de este partido político rechazó cualquier conocimiento o relación con los 263 contratos de servicios especiales que el PAC usó en la campaña de 2010 y con los que intentó estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Él fue llamado a comparecer porque el exmensajero condenado del partido, Manuel Antonio Bolaños, lo mencionó al menos 23 ocasiones en la comparecencia que tuvo en esta misma comisión. Aseguró que Zúñiga era su jefe directo y quien le encomendaba enviar los sobres con los contratos a distintos lugares para que los firmaran.
Sin embargo, ante las preguntas directas de los legisladores, el exadministrador de la casa PAC insistió en que nunca tuvo nada que ver con los contratos. Es más, dijo desconocer que existían en aquel entonces.
Explicó que parte de sus funciones era coordinar la ruta de la mensajería que realizaba Bolaños, pero que en el caso de los sobres que provenían de la tesorería, estos llegaban sellados y con un destino específico. “Venían en sobres cerrados, no sabía el contenido de los mismos. Iban rotulados con el para quién iban y dónde debían ir. No firmé ningún contrato y desconozco si existían o no”, afirmó.
TESORERÍA
El diputado liberacionista Gustavo Viales, quien preside ese foro legislativo, enfatizó que tras las respuestas de Zúñiga queda más claro que los contratos provenían de la tesorería porque la audiencia con el extesorero Maynor Sterling será vital para que la comisión llegue a una conclusión y oriente su informe.
Precisamente sobre las audiencias pendientes, además de la de Bolaños, queda pendiente una de las más esperadas, que será con el fundador del PAC, Ottón Solís, que se realizaría en principio la segunda semana de febrero.
El PAC fue condenado por estafa en diciembre de 2016 y a pagar por daños y perjuicios al Estado cerca de ¢516 millones, pero tras la apelación del partido y según cálculos de la Procuraduría General de la República, debido a los intereses la cifra ya supera los ¢900 millones, que sigue sin pagar.
El partido pasó de liquidar ¢80 millones en la campaña de 2006 por concepto de servicios especiales a ¢1.065 millones en 2010.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Martes 28 Enero, 2020
HORA: 12:00 AM
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