La diputada independiente Marolin Azofeifa, del bloque Nueva República, con el apoyo de Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), impulsa una iniciativa de ley para que las empresas que solicitan procesos de cobro judicial tengan que pagar un timbre por este servicio.
Según datos oficiales del Poder Judicial, los juzgados de cobro están saturados por procesos que empresas que otorgan préstamos solicitan en la gran mayoría de los casos porque las tasas son verdaderas garroteras.
El timbre deberá adjuntarse a las demandas de procesos de cobros judiciales, donde según datos de la Corte Suprema de Justicia, actualmente se cuenta con un circulante de 587.794 casos.
En muchas de estas situaciones se trata de incobrables que corresponden a un listado de más de 250 empresas del país y que por lo general pretenden amedrentar al deudor.
“Es importante aclarar que este timbre deberá pagarlo únicamente el acreedor que presente la demanda y no el resto de la población”, añadió Azofeifa.
El valor del timbre será de ¢25.000 para procesos cuya cuantía sea igual o menor a ¢5 millones y para demandas mayores a ¢5 millones tendrá un costo de ¢1.000 más por cada millón adicional.
DIARIO EXTRA informó días atrás que la tramitación de estos expedientes tiene un costo anual de ¢12.000 millones en pagos de planilla y otros insumos para los procesos.
La diputada insistió que el objetivo es disminuir la saturación de casos en los Juzgados de Cobro y, por otra parte, combatir el problema de endeudamiento de los costarricenses, de manera que las casas comerciales lo piensen mejor antes de otorgar un crédito sin las debidas garantías o sin que la persona tenga solvencia económica para hacerle frente a la deuda.
Espinoza recordó que el OIJ es una entidad que depende del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y es la única policía técnica científica del país y en general tiene una escasez de recursos.
“Estas iniciativas son positivas porque nos generan recursos frescos que permiten afrontar las implicaciones de la criminalidad organizada. Esto no es un impuesto, sino un canon a estas empresas que se dedican a gestionar cobros”, indicó.
El proyecto se discute con el expediente 21.691 y los recursos que genere podrán ser utilizados en la compra de mobiliario, infraestructura, adquisición de equipo policial especializado, compra de servicios y equipo tecnológico, etc.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 19 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA