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Sucesos

Encubren a Emilia Navas por allanar a fiscala

Subalterno fuerza causa por delito que no existió

  • DIARIO EXTRA tiene copia del expediente donde Rodríguez Ovares dice que su colega podría dirigirse contra la fiscal general si se dan cuenta que no hay pruebas en su contra. Además sugiere seguir la c

  • El documento Oficio FAPTA 1613-2019, del que DIARIO EXTRA tiene una copia y causó la indignación del Juzgado Penal, lo firma Carlos Rodríguez Ovares, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

  • Allanaron la oficina de la fiscala Alejandra Arce González, la removieron del cargo y la sometieron a un proceso que no tuvo suficientes elementos de prueba, pese a esto el fiscal de Probidad quería s

  • Rodríguez Ovares sería investigado por usurpar las potestades de un juez, pero también por tratar de encubrir a la fiscala general Emilia Navas y la fiscala adjunta Ileana Mora

Carlos Rodríguez Ovares, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, sería investigado por usurpar las potestades de un juez, pero también por tratar de encubrir a la fiscala general Emilia Navas y a la fiscala adjunta Ileana Mora en una causa penal que se tramita desde agosto de 2018.

Lo anterior porque según consta en un documento oficial en poder de DIARIO EXTRA, con fecha del 23 de setiembre de 2019, firmado por Rodríguez Ovares y dirigido a Mora, a lo interno del Ministerio Público se busca cómo inculpar a la funcionaria Alejandra Arce González por un delito que en apariencia no cometió y por el cual fue allanada en su propia oficina, a vista y paciencia de sus colaboradores.

La conducta alevosa de Rodríguez Ovares se concreta cuando deja impreso en un documento de su autoría, el cual paró en manos de un juez penal de San José, que debe continuarse la investigación contra Arce, aunque los fiscales a cargo del caso no tengan elementos de prueba, pues de lo contrario eso dará ventaja a la funcionaria para demandarlo a él como fiscal y las dos jerarcas de la Fiscalía. 

Textualmente cita el documento Oficio FAPTA 1613-2019 que evidencia el proceder incorrecto del funcionario “… más allá del aspecto procesal, la insistencia del abogado defensor… para recibir declaración indagatoria y que se fije plazo para concluir la investigación, nos permite hacer una prognosis (pronóstico) sobre las acciones legales que posiblemente vaya a ejercer la señora Arce González contra los funcionarios de la Fiscalía por tanto decir ahora que no es imputada después de gestionar un allanamiento en su oficina, trasladarla de despacho y quitarle funciones como jefe de oficina, es darle ventaja para que se dirija contra la señora Fiscal General de la República o bien en contra de su estimable persona como encargada de esta investigación”. 

 

CONTINGENTE POLICIAL 

 

Todo comenzó en agosto de 2018, cuando cerca de una docena de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y miembros del Ministerio Público y el Juzgado Penal llegaron hasta la oficina de la fiscala Alejandra Arce González, encargada en ese momento de la Unidad Centralizada de Archivos Fiscales. 

Sin mediar palabra los funcionarios le indicaron que era sujeta de una investigación porque omitió el control y supervisión de dicho despacho y al parecer dejó que cerca de 18.000 expedientes para resolver no fueran tramitados. 

Arce González fue acusada por el delito de incumplimiento de deberes específicamente y una de sus subalternas por usurpación de autoridad, además por no controlar intervenciones telefónicas y hacer en apariencia un mal uso de la firma digital asignada, lo que generó que fuera removida de su cargo de inmediato. 

La denuncia contra ella la interpuso Íngrid Guth Ruiz, para ese periodo nombrada en ascenso en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial. 

 

FISCALA GENERAL ADMITE DESCONTROL 

 

Emilia Navas, fiscal general de la República, solicitó la orden de allanamiento al juez penal de Hacienda por los hechos que se investigan contra Arce Gonzalez, quien tenía a su cargo la Unidad Centralizada de Archivos Fiscales.

También solicitó secuestrar computadoras institucionales, correos electrónicos, llaves mayas, discos duros y libros relacionados con los hechos. 

En el expediente consta que Navas agregó que Arce González no realizó ningún correctivo para asegurar la apertura y tramitación de los correos provenientes del OIJ y de los más de 18.000 informes para resolver con archivos fiscales.

Tampoco cumplió con su deber de solicitar los informes trimestrales, que se ordenó como obligación por parte del memorando 9-2015-2-2016, pero esto no logró comprobarse tras más de un año de pesquisas.

 

EN PUNTO MUERTO 

 

Transcurridos al menos 10 meses de los hechos, la fiscala Arce González solicita ser indagada en la causa que se tramita en el expediente 18-000130-033-PE para así ejercer su derecho de defensa. 

Al cabo de los días su petición fue rechazada porque el Ministerio Público, que ordenó el allanamiento tras autorización de la fiscala general, le comunica que ella no es la imputada en la causa. Además le niegan la posibilidad de examinar el expediente que contiene los datos de la diligencia policial, los decomisos de equipos de su oficina y los documentos secuestrados en el acto en su contra. 

Fue el Juzgado Penal en la figura de la jueza Carolina Lizano Salazar quien resuelve el 17 de agosto de 2018 que Arce González es efectivamente la imputada en la causa y por ende tiene derecho a conocer el expediente que la Fiscalía viene escondiéndole.

SOLICITUD DE DESESTIMACiÓN

 

Sin mayor avance en las investigaciones, más que el allanamiento desproporcionado en la oficina de Arce González, la propia fiscala adjunta Ileana Mora pide al Juzgado Penal en fecha 23 de setiembre de los corrientes que desestime la causa; es decir, que cierre la investigación, pues no hay imputados, pasando por encima al criterio vertido por la jueza Lizano Salazar un año antes.

Para ese mismo día el fiscal Carlos Rodríguez Ovares le indica a su superior, la fiscala Ileana Mora, que desaprueba “el proyecto de desestimación” y sugiere “devolver el expediente para completar la investigación preparatoria y cumplir con las disposiciones de la Fiscalía General de la República”.

 

ENCUBRIMIENTO DE JEFATURAS 

 

Rodríguez Ovares deja entrever en el documento Oficio FAPTA 1613-2019 que de aprobarse la desestimación que pide la superior jerárquica del Ministerio Público, al ver las investigaciones en punto muerto podría desencadenarse una serie de acciones legales en su contra por parte de la allanada Arce González. 

Sugiere entonces el fiscal de Probidad que para evitarse el mal rato prosiga la causa, aunque saben que no hay pruebas que acrediten el delito y menos que a la fecha fundamentaran el allanamiento a la oficina de Arce González y el ser removida de su puesto.

En un acto malintencionado, que solo busca encubrir a la fiscala general, quien autorizó el allanamiento, y la segunda al mando del Ministerio Público, el fiscal Rodríguez Ovares se resiste a desestimar la causa y demanda seguirla a como dé lugar.

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Jueves 07 Noviembre, 2019

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