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Opinión

“Policía política” de Hacienda en el Parlamento

Albino Vargas Barrantes*

Desde la militancia mediática del principal medio de comunicación escrita practicante del periodismo de odio, ha salido una idea para establecer una especie de control ideológico-político de lo que acontece en el seno del Parlamento costarricense, otrora conocido como Primer Poder de la República, a fin de que en cada una de sus comisiones legislativas se instale una especie de policía política designada por el Ministerio de Hacienda; para que se ejerza un procedimiento de revisión exhaustiva de cada iniciativa de ley que presenten los señores diputados y las señoras diputadas, a fin de que estas no se salgan del esquema macrofiscalista que se ha impuesto al país, a partir de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Esta especie de gendarmería ideológica respondería a los intereses que salen del Ministerio de Hacienda y su “comandante en jefe” sería su jerarca actual, Rocío Aguilar Montoya, cuya línea de imposición de políticas públicas está dirigida al bienestar del menor número y a perjudicar a las grandes mayorías; todo lo cual ya es público y notorio y no amerita argumentación adicional.

Hemos venido insistiendo en que nuestra querida Patria está sufriendo un proceso de transformación estructural muy profundo, de lo cual la ley 9635 representa apenas la punta del iceberg; proceso que tiene una intencionalidad clara para instaurar, más bien imponer, una forma de ejercicio de la Democracia de corte autoritario-totalitario.

La policía política de Hacienda en el seno del Parlamento, a través del control que esta ejercería en cada comisión legislativa, no solamente representa un acto de soberana arrogancia de parte de la indicada jerarca y su equipo íntimo de insensibles tecnócratas, los cuales prácticamente están descalificando la capacidad intelectual de las 57 personas con escaño parlamentario en estos momentos para que estas impulsen iniciativas propias sin supervisión ideológica previa; sino que sería una especie de aberración constitucional, pues lo que representa tan nefasta pretensión no es más que el control político abierto de parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

Si ya ha quedado clara la total hegemonía que ha venido imperando en la actual Asamblea Legislativa, en el sentido de que estamos observando una mayoría mecánica dispuesta a aprobar, sin mayor discusión, las iniciativas de ley macrofiscales y hacendario-presupuestarias que ha venido presentando la cartera ministerial de Hacienda; esta parece desconfiar de que alguien se le ha venido saliendo o se le podría salir, del rebaño diputadil; poniendo en riesgo la imposición de nuevos y más profundos ajustes fiscales en detrimento de la población, sin la menor resistencia intramuros parlamentarios.

Vemos con alarma esta iniciativa que, si bien es cierto se formula desde la sala editorial del principal medio del periodismo del odio en el país, es imposible pensar que no haya ya sido discutida con la propia jerarca de Hacienda, la señora Aguilar Montoya; y, de seguro, con el propio señor Carlos Alvarado Quesada. La congruencia político-ideológica entre el pensamiento de estos dos altos personeros ejecutivos del país y el pensamiento de ese tipo de prensa ha sido de total constatación para las conciencias cívicas del país.

La osada propuesta de corte golpista se fundamenta en la necesidad de que el máximo posible de los recursos públicos se destine al pago de la deuda pública del país, al pago de los abultados y abusivos intereses que la misma demanda, pues así se infiere del editorial periodístico mencionado.

Este señalamiento también ha venido siendo marcado por la corriente sindical en la cual militamos, solamente que la diferencia político-ideológica es abismal desde nuestro punto de vista, dado que nosotros pensamos que la deuda pública del país es prácticamente impagable y que forzar su observancia estricta no representa más que el camino que nos lleva al despeñadero; un abismo sin fondo, de gran dolor y sacrificio para la mayoría ciudadana, precisamente la menos responsable en la magnitud sin control de esa deuda cuyo crecimiento parece indetenible.

Es importante que las personalidades cívicas con conocimiento y sapiencia en el Derecho constitucional nos ilustren sobre su parecer con esta especie de, repetimos, policía política del Ministerio de Hacienda instalada en el propio Parlamento de la República; genuina gendarmería ideológica al servicio de una visión fiscalista del país que, como está haciéndose constar a diario, es completamente empobrecedora y responsable del descalabro económico nacional.

 

Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

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