Dice el adagio que, “al buen entendedor, pocas palabras”. Esta parece ser la premisa que usaron en la empresa CESA, cliente de la empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), ante las palabras de la ministra de Justicia Marcia González al querer desprestigiar no solo esa firma en Costa Rica, sino a Geosatis, creador de los brazaletes para monitorear personas en conflicto con la ley.
Iván Barrantes, vocero del Grupo CESA, manifestó que “no se le puede permitir a la ministra mentir ante la opinión pública al afirmar que las tecnologías que usamos son obsoletas”.
Juan David Rothe, gerente general de CESA, señaló que la tecnología 2G está muy por encima de la 4G en nuestro país, ya que la misma ofrece cobertura en todo el territorio nacional, no así la 4G que registra poco alcance para efecto de los brazaletes electrónicos.
Ambos dejaron ver que los problemas de cobertura en zonas fronterizas son responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz, ya que suscribió un contrato en el cual no advirtió que la cobertura de las operadoras no llegaría a lugares alejados donde las personas monitoreadas no tienen comunicación.
“Nosotros tenemos una cobertura múltiple que incluye no solo las operadoras nacionales, sino también las operadoras internacionales como Wireless en Panamá o Claro en Nicaragua. Lo que sucede es que no hay torres”, señaló Rothe quien añadió que su representada puede dar fe de lo que describe por cuanto ellos deben monitorear en tiempo real lo que ocurre con los brazaletes para dar respuesta inmediata a Justicia en caso de pérdidas de señal o mal funcionamiento de las tobilleras.
RED DE CUIDO
Iván Barrantes advirtió que tanto se dijo que el expresidente Solís Rivera tenía una red de cuido que pareciera que el presidente Alvarado hace lo mismo con doña Marcia.
“Tanto criticaba a Luis Guillermo Solís con una red de cuido y parece que aquí hay otra red similar. No es un secreto que la ministra fue protagonista en campaña, me imagino que debe ser muy cercana a su círculo íntimo, pues la están protegiendo, porque por menos de esto se fue el viceministro Nogui Acosta de Hacienda, La señora es intocable, yo creo que hay una red de cuido”, advirtió Barrantes.
Manifestaron que están cansados de las mentiras que abiertamente ha lanzado la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, quien además enfrenta acusaciones por acoso laboral, conflicto de intereses, salida de los transexuales a la pasada marcha de la diversidad.
Para concluir, el vocero señaló que, aunque la ministra abrió la licitación para buscar las nuevas tecnologías de monitoreo electrónico, lo cierto es que las que pretende añadir son como las viejas que usaban bandas de fibra. El mismo Rothe hizo una demostración de cómo con una tijera para cortar cromos se rompen fácilmente.
“Queremos trabajar juntos, el problema está en la calle, con las personas que no están siendo monitoreadas por el Ministerio de Justicia. La señora ministra no recibe a ESPH que le ofreció donarle un centro de monitoreo y hasta bajarle el precio, pero ella no los ha querido recibir, así no se puede”, concluyó el vocero.
DIPUTADOS QUITAN ¢4.400 MILLS.
Por otra parte, una moción de último minuto presentada por la Comisión de Hacendarios este jueves hace un rebajo al séptimo presupuesto extraordinario de los Ministerios de Justicia, Salud y Trabajo por unos ¢4.400 millones.
Los primeros en brincar fueron los de la fracción oficialista, quienes advirtieron que esto traería problemas al debilitar el sistema de brazaletes electrónicos para monitorear privados de libertad. En el Ministerio de Justicia y Paz, además en el de Salud se quedarían sin dinero para seguridad y limpieza por el resto del año
“Por ejemplo, se eliminaron ¢3 mil millones del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz. Parte de esos recursos eran para financiar servicio de brazaletes electrónicos para monitoreo de personas privadas de libertad.
El sistema de brazaletes electrónicos ha sido exitoso. La reincidencia de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo este monitoreo es de solamente 2,1%. A pesar de los problemas técnicos que ha presentado, se trata de una buena inversión para el Estado, pues el costo de los brazaletes es mucho menor que mantener población encarcelada. Lamentablemente, este recorte deja sin capacidad de respuesta al Ministerio de Justicia para cumplir con las sentencias que impliquen el uso de brazaletes” explicó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido Pérez.
Los ¢4.400 millones se tomaban de los remanentes de partida de las pensiones que debe pagar el Gobierno.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley
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Sábado 05 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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