El proyecto 21.336, Ley para Reformar el Empleo Público, el cual fue redactado por el gobierno, queda debiendo porque la Contraloría General de la República lo catalogó como insuficiente y además indicó que no resuelve la situación del país, de tal manera que debe reformularse.
Marta Acosta, contralora general, declaró en la Asamblea Legislativa que el texto tiene una desarticulación del marco jurídico actual y no crea un régimen robusto para regular integralmente el empleo público.
La funcionaria considera que la creación de 8 subregímenes resta eficacia y coherencia a la propuesta por tener ámbitos separados de la normativa general.
“Esos subregímenes son una de las inconsistencias más grandes del proyecto. La finalidad es procurar el establecimiento de principios y normas aplicables a toda la administración en relación de empleo con sus servidores, pero al mismo tiempo crea subregímenes con ámbitos separados de la normativa general, con la posibilidad de operar bajo su propia regulación”, expresó.
“Adicionalmente la iniciativa contempla como reserva de ley que se debe justificar mediante criterios técnicos la creación de nuevos subregímenes, pero no ofrece los criterios que se han utilizado para considerar lo que se propone en el proyecto”, añadió.
Entre las observaciones del ente contralor se menciona que el proyecto no elimina disparidades existentes en materia de remuneraciones porque se define un salario global distinto conforme a los subregímenes y no hay reglas.
Para la contralora el esquema de remuneraciones, a pesar de la incorporación de ese tipo de salario, que es un paso positivo, no garantiza la eliminación de las disparidades actuales.
“Al crearse los subregímenes cada uno tendrá su propia escala de salario global, con excepción de las personas que brindan servicios de apoyo administrativo, los cuales quedarían en un mismo subrégimen, pero además los criterios para la definición de los salarios globales son muy amplios”, criticó.
La contralora también expresó preocupación por la limitación de funciones entre el Ministerio de Planificación (Mideplan) como rector y otras instituciones que tienen tareas en materia de empleo público. Este es un aspecto que no queda claro y generaría diferencias que serían evitables con una ley adecuada y clara.
Otro de los señalamientos es que delimitar la competencia jurisdiccional de los tribunales para resolver el tema de empleo público haría que se mantengan como en la actualidad; es decir, unos temas seguirían resolviéndose en instancias laborales y otros con procesos contenciosos administrativos, sin generar una uniformidad.
“El proyecto propone una limitada regulación de los motivos de desvinculación y no incluye el régimen sancionatorio funcionarial, que amerita regulación apropiada que logre definir y estandarizar un marco básico para exigir responsabilidad administrativa y civil a los funcionarios”, indicó.
MÁS FALENCIAS
La jerarca del ente contralor dijo que el proyecto de ley del gobierno incorpora la propuesta de patrono único, pero solo beneficia al servidor y no contempla en ese mismo principio, como una herramienta para el establecimiento de responsabilidades administrativas cuando el funcionario se mueve de una institución a otra conservando el ligamen de servicio.
Es decir, si un funcionario que labora en una municipalidad es sancionado, pero pasa a trabajar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa sanción no se aplicaría, según explicó Acosta.
“El proyecto amerita ajustes, es necesaria la revisión de la normativa vigente en materia de empleo público para evitar las omisiones señaladas. Un empleo público vigoroso, transparente, eficiente y equitativo”, manifestó.
“Se debe revisar la propuesta para mejorarla y valorar la oportunidad como país de generar una normativa acorde a las necesidades de la administración pública para responder a los desafíos de la sociedad”, acotó.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Miércoles 18 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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