Ocho de los 9 diputados que integran la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que suscribieron las autoridades del gobierno, la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos para dar por terminada la huelga en el sector salud.
Los socialcristianos, con excepción de la legisladora Shirley Díaz, creen que las autoridades públicas al firmar dicho pacto dejan sin efecto la vigencia de normas jurídicas de alcance general y le restan validez al contenido de sentencias judiciales firmes, que el Estado costarricense está obligado a hacer cumplir.
“En el caso particular (el acuerdo mencionado) se enerva su aplicación en favor de los intereses de los grupos sindicales que se levantaron en huelga con la finalidad de alcanzar precisamente ese objetivo, todo lo cual rompe con la institucionalidad del Estado costarricense”, indica la acción presentada a la Sala IV.
Los congresistas alegan que los firmantes, el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, el de Trabajo Steven Núñez y el presidente de la Caja Román Macaya, contravienen de manera expresa una normas y principios constitucionales rebasando el ámbito competencial que la Constitución otorga a dichas autoridades públicas.
“Toca a este alto Tribunal definir entonces si es constitucionalmente válido que autoridades públicas del Poder Ejecutivo y de la CCSS puedan asumir y adoptar, en nombre del Estado, una serie de acuerdos -con grupos sindicales- con valor superior a la ley y a la propia Constitución Política, como los adoptados”, señala la acción.
UNA BURLA
El socialcristiano Pedro Muñoz calificó como una burla el pacto y lamentó que en la huelga las autoridades de la institución no pidieron medidas cautelares.
Dadas las posiciones contradictorias del Ejecutivo, el legislador dijo que pasó de los discursos a las acciones. Por eso envió consultas a la Procuraduría General de la República para que se aclare que a los funcionarios de la CCSS sí se les debe aplicar las normas en temas de anualidades.
Además, que están a la espera de que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre el acuerdo con los sindicatos y declare su nulidad.
“Hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra dicho acuerdo. Compañeros, pasemos a las acciones, protejamos la institucionalidad, porque si no pasaremos a la historia como la Asamblea que aprobó las reformas más importantes, pero que todos se las brincaron, acciones contundentes contras las acciones burlescas del Poder Ejecutivo”, indicó.
María Inés Solís, jefa de fracción del PUSC, calificó como una barbaridad que cuando las instituciones buscan defender su autonomía, acaban pasando por encima de la ley.
“La reforma fiscal y la regla fiscal son para todos los funcionarios públicos y no es posible que el gobierno termine acordando lo que los sindicatos piden. Nadie está por encima de la ley”, mencionó.
Muñoz dijo, además, que presentó una denuncia penal contra 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de que los altos jueces habían acordado en noviembre anterior que las reformas salariales que buscan ahorro en el sector público y aplica la reforma fiscal no atañe al Poder Judicial.
NO SE JUSTIFICA
Según el PUSC, terminar con la huelga de salud no es justificación para suscribir dicho convenio:
“Si bien la situación de huelga existente en la Caja puso en riesgo la salud y vida de miles de asegurados que durante ese movimiento perdieron sus citas o no pudieron ser atendidos debidamente, intentar deponerla de la forma como lo hicieron las autoridades públicas mediante la firma de un ‘Acta de Acuerdos’ contrarios a leyes vigentes o sentencias judiciales ejecutables, torna ese acto subjetivo en inconstitucional por violentar una serie de principios fundamentales propios de un Estado Democrático de Derecho.
En otras palabras, si la principal molestia de los huelguistas se centraba contra algunas de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que transformó sus pluses salariales en montos fijos que afectarían 19 tipos distintos de sobresueldos porcentuales; y si además, su molestia se extendía a la posibilidad de conversión de la periodicidad de pago bisemanal, la solución no consiste en que el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Caja intervengan para validar los acuerdos propuestos por los sectores sindicales, a sabiendas de la inconstitucionalidad de estos”, indica la acción interpuesta.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 20 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA