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Opinión

Participación ciudadana en las decisiones de políticas públicas

Marvin Herrera Araya

Ocasionalmente leemos en artículos y escuchamos afirmar que Costa Rica vive una democracia representativa o indirecta, otros la califican de liberal. Posiblemente debido a que ese fue el origen de nuestra forma de gobierno desde el siglo XIX, sin embargo a partir de la promulgación de las Garantías Sociales, aprobadas en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (Ley 24, julio 1943), constituidas por artículos constitucionales de profundo sentido humanista e incorporadas al Título V de nuestra Carta Magna.

El artículo 60 establece el derecho de patronos y trabajadores de sindicalizarse libremente, a efecto “de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”; el artículo 61, “Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley…”.

Posteriormente, el artículo 9 de nuestra Constitución es modificado por la Ley 8364, de 1 de julio de 2003, para determinar que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable…”.

A raíz de las anteriores citas constitucionales y de convenios internacionales, la democracia costarricense, funcionalmente, está más cerca de una democracia participativa, dada la existencia de cuerpos intermedios. 

Son numerosos los cuerpos intermedios mediante los cuales ciudadanos organizados tienen vigencia y participación en la vida nacional: asociaciones de desarrollo comunal, juntas de educación, juntas administrativas, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, cámaras de empresarios, de agricultores, colegios profesionales, comités de deportes, otros, que de conformidad con el ordenamiento jurídico permanecen atentos a las decisiones gubernamentales en materia de políticas públicas y la forma de gobernar.

En esta legítima participación de los ciudadanos en cuerpos intermedios, ubicados entre el Estado y el pueblo, tienen mayor capacidad de influenciar y de participar en temas de políticas públicas, al ser consideradas beneficiosas o perjudiciales para las comunidades, la calidad de vida y el desarrollo del país; de esta manera, la política se torna más humana y se construye una sociedad más justa, solidaria, participativa y fraterna, en un ambiente democrático constructivo de bienestar y progreso, siempre que gobernantes y líderes de los cuerpos intermedios actúen en favor del bien común y no de intereses grupales o personales. 

Los gobernantes tienen el reto de entender que no es lo mismo gobernar en una estricta democracia representativa, en la que los ciudadanos solo concurren a la urnas electorales cada cuatro años a escoger a sus gobernantes, cuando son convocados, y otra muy distinta hacerlo en una democracia como la costarricense en la que, ante la existencia de cuerpos intermedios, nuestro país está más cerca de vivir una democracia participativa y más alejado de la representativa porque estos cuerpos intermedios, aparte de sus propias luchas en favor de las finalidades que los agrupan, también tienen la obligación de ser vigilantes de las decisiones gubernamentales en materia de políticas públicas y que, por eso, el diálogo franco, la concertación patriótica, la negociación pacífica y responsable, mecanismos de nuestra democracia, deben ser observados, a tiempo, en la conducción del país. Postergarlos es engendrar convulsión social. Lo ocurrido.

El costo democrático de los gobernantes, a diferencia de gobernar en una simple democracia representativa, es el tiempo que ha de invertirse en esos procesos participativos, con el beneficio de que, si las partes cumplen responsablemente los acuerdos, la paz y la tranquilidad del país no se alteran ni el progreso se estanca o deteriora, a causa de la sordera oficial o las extremas exigencias de los grupos de presión. Necesitamos un “Acuerdo Nacional por Costa Rica”.

A los cuerpos intermedios les corresponde entender y aceptar que sus intereses grupales no pueden estar por encima del bien común del pueblo, por lo que al sentarse en una mesa de diálogo democrático -sin exigencias inflexibles ni imposiciones de uno ni de otro- deben tener presente el bienestar y el progreso de los costarricenses y del país, comprender que al dialogar tienen la oportunidad de influir en importantes decisiones sobre políticas públicas y el deber de comportarse con responsabilidad y respeto una vez tomados los acuerdos del caso. 

Si esta es la evolución política de nuestra democracia, debemos aprender a comportarnos como gobernantes y como cuerpos intermedios, lo mismo el pueblo, teniendo presente que si todos actuamos responsablemente con miras al mejor desarrollo humano integral, el país progresa y el beneficio es de todos; empero si de uno u otro lado hay luchas e intenciones de imponerse, el país se cae y todos nos caemos, perdemos. El pueblo espera que esto no ocurra en Costa Rica.

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Martes 13 Agosto, 2019

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