No son tiempos para el desperdicio
Daniel Ulate Valenciano*
Presenté a la corriente legislativa el expediente legislativo 21.321: “Ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas”, el cual contó con el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, que lo que pretende es crear un repositorio único nacional mediante la plataforma que utiliza actualmente el TSE, para almacenar datos biométricos de naturaleza civil de todas las personas costarricenses y extranjeras. Además, se amplían las capacidades de este repositorio para que se incorporen nuevos rasgos biométricos como las huellas dactilares de los diez dedos de la mano, palmas, voz, rostro, entre otros. El fin de consolidar los datos en un solo repositorio es el fortalecer a los cuerpos policiales en sus capacidades de verificación de identidad y rastreo de personas; asimismo, provoca un ahorro significativo a las finanzas del país, ya que evita que se dupliquen este tipo de inversiones tan onerosas en otras instituciones del Estado.
En este proceso hemos contado con el apoyo del señor Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, e intenté participar a la señora Raquel Vargas Jaubert, Directora de la Dirección General de Migración y Extranjería; sin embargo, he notado que la señora Vargas carece de interés en el tema; no quisiera pensar que ese desinterés se debe a la injustificada urgencia por echar a andar un proyecto propio de la entidad que dirige, denominado Sicomi, que según el Plan Anual Operativo de esa institución, incluye pasaporte electrónico, que posiblemente sea mediante un chip, un sistema de facilitación de pasajero confiable, y biometría. Este último implica una inversión millonaria para el país sin justificación alguna, pues el Tribunal ofrece estos servicios de forma gratuita y, además, es la entidad con más de veinte años de experiencia en verificación de identidad y la que cuenta con mayor capacidad financiera para mantener y modernizar estos sistemas.
Incluso, soy testigo del ofrecimiento que, a puertas abiertas, ha hecho el TSE para brindar esta tecnología a DGME, primero, como plan piloto en cualquier puesto fronterizo, sin excluir el aeropuerto internacional Juan Santa María, tal y como lo ha desarrollado con otras instituciones del Estado. No dudo de la especialidad de funcionamiento de la DGME, sin embargo, el silencio que hasta ahora he percibido para remitir información detallada del Sicomi, así como de llegar a acuerdos con el TSE, me hace pensar que simplemente se quiere continuar con un proyecto que le generará costos millonarios al Estado costarricense.
En un momento en que estamos exigiendo a los costarricenses grandes sacrificios con el pago de una pesada carga tributaria, me pregunto: ¿Por qué invertir $15 millones en la contratación externa de un proyecto que podría desarrollarse con los recursos y la tecnología con que ya cuenta el TSE? ¿Qué coordinaciones ha efectuado la Directora de Migración con el TSE para explorar posibilidades de colaboración?
Para responder estas y otras preguntas presenté una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, para que se apersone doña Raquel Vargas a explicar el interés desmedido por efectuar gastos innecesarios en la Dirección de Migración y Extranjería, gastos que podrían ser atendidos con la capacidad instalada que cuenta el Tribunal Supremo de Elecciones.
No me temblará la mano ni la voz para seguir exigiendo al Gobierno de la República congruencia, porque si pedimos sacrificios al pueblo costarricense, también debemos actuar con el ejemplo y asegurarnos que gastos como estos se apeguen a principios de eficiencia y probidad.
*Diputado
