La libertad depende del debido proceso

Miguel Ángel Rodríguez

En estos días Pablo Barahona en su programa Barahona y Compañía de CRC 89.1 Radio entrevistó al exfiscal general Jorge Chavarría.

Corresponde a los tribunales calificar las acciones u omisiones del Sr. Chavarría y por ahora lo han absuelto. Ese no es mi tema.

No es el exfiscal general una persona a la que yo conozca y más bien me ha perseguido injustificadamente, incluso indebidamente arremetió contra el fallo de la Sala Tercera que confirmó mi absolutoria. Lo que me interesa es lo que tiene que ver con la vigencia del debido proceso y las salvaguardias constitucionales para la vigencia de la justicia en Costa Rica.

Por la posición que ostentó de fiscal general, considero que sus declaraciones en tres entrevistas merecen la atención y reflexión de los ciudadanos.

Como víctima de grandes iniquidades en mi contra durante la persecución que he sufrido, y que han sido reconocidas por fallos de la Sala Constitucional y de Tribunales Penales, considero oportuno señalar algunas de las importantes manifestaciones del Sr. Chavarría. Es aún más grave pretender que el poder judicial sirva para ganancia de poder político que usarlo para proteger a amigos políticos.

Destaca en primer lugar su denuncia de las acciones concertadas entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos y directores de muy importantes medios de comunicación. Eso, en mi caso, lo he señalado ante los Tribunales, en medios de comunicación y, hace ya 13 años, en mi libro Di la Cara.

En el primer programa radiado el día 20 de junio expresamente se refirió el Sr. Chavarría a “un grupo de poder que venía dominando al Poder Judicial, un poco bajo la mesa, y era esa alianza entre… un grupo de magistrados y con alguna alianza exterior con medios de comunicación y en la Asamblea Legislativa”. De seguido identificó a Armando González de La Nación, a Ignacio Santos de Teletica y se refirió a acciones concretas de Ottón Solís como diputado de la Asamblea Legislativa y a José Manuel Arroyo como presidente en ejercicio de la Corte, refiriéndose a una “incondicional alianza”. Y añade: “Me queda muy claro el panorama de intromisión política dentro del Poder Judicial”.

En esa misma entrevista y como una prueba adicional de la intromisión política en el Poder Judicial el exfiscal general relató que el diputado Ottón Solís lo visitó a su oficina y le dijo: “Me parece una barbaridad lo que ese hombre Miguel Ángel Rodríguez ha hecho y le pido que Ud. haga un artículo, que redacte un artículo, con su perspectiva técnica del caso, que revele el dolo y la mala fe del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, para publicarlo yo con mi firma. Eso hizo el garante del PAC”. Y repitió la visita con el mismo propósito. Ottón Solís y José Manuel Arroyo son los garantes éticos nombrados por este gobierno.

Estas denuncias de manipulación del órgano acusatorio y la Corte con afanes políticos ponen de manifiesto el grave peligro que todos corremos y que yo personalmente he sufrido.

En la segunda entrega de estas importantes entrevistas Pablo Barahona interroga sobre el abuso que se ha venido dando -en grave daño de nuestras disposiciones constitucionales que enmarcan el debido proceso- decretando injustificadamente prisión preventiva, solo para satisfacer a la opinión y la vindicta pública.

En ese contexto se pregunta al Sr. Chavarría si era necesario en el caso de los expresidentes el uso de esposas y perreras, como afirmó el entonces fiscal Dall’Anese, por así indicarlo los protocolos. La respuesta fue: “No era necesario y es mentira. Es una mentira abierta. En el caso del expresidente (se refiere a mí) se había difundido por todos los medios de comunicación que él venía con la disposición de enfrentar el proceso penal… había una gradería de sol ahí esperándolo con cámaras. Se le sometió a un show, esposarlo, llevar una perrera y para que esposarlo era innecesario. Había expresado su voluntad de someterse al proceso penal. Eran innecesarias todas las acciones que se tomaron, fue un show aberrante, vergonzoso para el país”.

Nada menos que el emperador Napoleón Bonaparte con todas sus potestades señalaba que el hombre más poderoso de Francia era el juez acusador (equivalente a nuestro fiscal general) ¡Qué peligroso que su posición pueda ser utilizada política y mediáticamente!

No deberíamos permitir la judicialización de la política ni la politización de la justicia. No arriesguemos la libertad de los ciudadanos.

Para proteger a los ciudadanos de excesos del Ministerio Público debería separarse del Poder Judicial para evitar que sean cubiertos por “espíritu de cuerpo” de ese poder, y para que la Sala Constitucional ejerza una potestad más efectiva para controlarlo.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Lunes 01 Julio, 2019

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodríguez