La jueza María Victoria Salas Ruiz solicitó a un tribunal que el Estado le pague ¢250 millones por el daño moral sufrido desde el 2017, cuando la obligaron a jubilarse a los 33 años.
En ese año ella pidió que la trasladaran de oficina porque tiene un síndrome que la vuelve vulnerable ante el aire acondicionado, ventiladores y polvo.
Se trata del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la sequedad de mucosas, en especial en ojos y boca, razón por la que la jueza debe utilizar saliva, lubricante y lágrimas artificiales todo el día, pero sin que esto represente un impedimento laboral.
Salas Ruiz, madre de un niño y una niña, buscaba un puesto en la Sala Constitucional, el cual le ofrecieron.
Sin embargo, la mandaron al departamento de Medicina del Trabajo a una valoración y el médico recomendó ubicarla en San José.
Para marzo de 2017, una trabajadora de Ernesto Jinesta, expresidente de la Sala Constitucional, le menciona si no había pensado en jubilarse permanentemente, misma pregunta que más tarde le realizó el entonces magistrado.
Algunas semanas después, el 25 de abril, tres galenos del Consejo Médico Forense recomiendan a través de un dictamen su jubilación anticipada, señalando que “es portadora del síndrome Sjögren, diagnosticado en el 2008 (…). También se le diagnosticó fibrosis pulmonar intersticial”.
El Consejo Superior del Poder Judicial acogió el criterio y la pensionó el 6 de junio del 2017. A partir de entonces, la funcionaria comenzó una lucha para revertir la decisión, pues asegura que el dictamen es falso.
Incluso, la abogada cuenta con un documento con fecha del 25 de setiembre de 2017 en el que la jefatura de Consulta Externa del Hospital México respalda que no sufre fibrosis pulmonar.
MUY AFECTADA
Mario Angulo, juez de Pensiones Alimentarias en Liberia y amigo cercano de Salas Ruiz, fue uno de los testigos. Él afirmó que confía en ella como jueza, pues es muy profesional y estudiosa. Agregó que su amiga ha pasado un mal rato con el proceso.
“Victoria está deprimida, decaída, triste y cuando hablamos llora, es difícil para ella que sus hijos le reclaman por qué llora”, manifestó en el juicio.
Así como él, dieron su testimonio como testigos Juan Carlos Contreras, reumatólogo; José Felipe Montero, oftalmólogo, y Steven González, esposo de la jueza.
En cuanto a los tres miembros del Consejo Médico Forense, se abstuvieron de declarar debido a que Salas Ruiz interpuso una denuncia penal contra ellos.
Actualmente, Salas Ruiz fue reubicada en su puesto, pero realiza teletrabajo, esto luego de una medida cautelar.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Jueves 06 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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