Tras la oposición al proyecto 20.174 por parte de la Procuraduría General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y analistas como Juan Carlos Hidalgo, quienes concluyen que el texto tal como está sería un riesgo para la libertad de expresión, la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), que impulsa la iniciativa, reconoce las críticas y se apura a aclarar que el proyecto está en construcción.
El diputado oficialista Enrique Sánchez explicó que esta iniciativa la retomaron del periodo legislativo anterior y tras conocer las posiciones de estos organismos con conscientes de que deben hacerle muchas mejoras.
“Por eso es que el proyecto está frenado, porque estamos en construcción de un texto nuevo con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes. No es cierto que la iniciativa está cerca de aprobarse, eso está muy lejos”, declaró.
El legislador agregó que hay plena certeza de que no buscan limitar libertades individuales, pero sí la manera de prevenir y sancionar los crímenes de odio.
INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS
Este jueves la fracción del Partido Restauración Nacional dio a conocer que desde marzo de 2017 un informe del Departamento de Servicios Técnicos advirtió sobre las inconsistencias e inconstitucionalidades del proyecto.
El informe AL-DEST-IJU-119-2017 resalta con preocupación el artículo 380 de la propuesta, el cual establece que se “impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a la persona, que aplicare cualquier medida discriminatoria directa fundada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, religión, origen étnico racial, identidad cultural, condición migratoria, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo las enfermedades infectocontagiosas o psíquicas incapacitantes. El juez podrá imponer también medidas de reparación”.
Agrega que este contiene expresiones sumamente difusas, sin precisión alguna, lo que daría paso a un “tipo penal abierto”.
“Estos tipos contienen elementos indeterminados que se prestan a diversas interpretaciones, otorgando un muy amplio margen de discrecionalidad al juez al definir la conducta sancionada, en detrimento de la garantía del administrado, toda vez que la delimitación de la conducta se produciría en cada caso concreto”, agrega el informe.
MÁS RECHAZO
Son varias las bancadas que se manifestaron en contra de este proyecto, entre ellas el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiana (PRSC), el independiente Erick Rodríguez y el bloque Nueva República.
El proyecto se llenó de mociones, entre ellas varias de la diputada Ivonne Acuña, que de forma irónica busca señalar su oposición a la iniciativa. Por ejemplo, propone que se le cambie el nombre para que se llame “Ley para prevenir y sancionar toda forma de oposición a la ideología oficialista, mediante el pretexto de combatir el racismo y la intolerancia”.
Otra moción propone reforma el artículo 1 del proyecto que para diga lo siguiente: “Que el Estado costarricense se valga del racismo, la discriminación y la intolerancia como pretextos para suprimir arbitrariamente partidos políticos, asociaciones u organizaciones civiles y gremiales, centros educativos y agrupaciones religiosas, así como encarcelar a sus miembros a fin de implantar como ideología oficial del Estado la visión particular del PAC”.
El diputado Sánchez lamentó la forma en que Acuña hace su oposición sin ningún argumento y recurre a una fórmula nunca antes vista que enturbia la propia imagen de los legisladores.
La iniciativa de ley la presentaron las liberacionistas Sandra Piszk y Maureen Clarke en 2016.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 31 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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