Las instituciones públicas y privadas que rompan las calles que se encuentran en buen estado y las dejen en peores condiciones se exponen a sanciones de hasta ¢9 millones.
Esta iniciativa sería realidad si prospera en el Congreso la iniciativa que presentó Carlos Avendaño, diputado del Partido Restauración Nacional.
El proyecto de ley pretende modificar el artículo 30 de la Ley General de Caminos e incorpora dos nuevos artículos, en los que se ordena que como parte de la coordinación de las prestatarias de servicios de acueductos, alcantarillados e hidrantes con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o las municipalidades se garantice una menor afectación a la ciudadanía.
El plan establece un plazo máximo de 20 días para reparar el daño causado en la calle o de lo contrario se establecerá una sanción de hasta 10 salarios base, es decir ¢4.462.000. En caso de que se incumpla con la reparación en otro plazo de 20 días hábiles la multa se duplicará, es decir será de ¢8.924.000.
De acuerdo con Avendaño, la falta de coordinación entre el MOPT y la autoridad municipal hace que la entidad encargada de efectuar las reparaciones como corresponde afecte los bienes públicos y los derechos de los ciudadanos.
EXCEPCIÓN
Avendaño explicó que la prohibición de romper calles se mantendría, a excepción de que se cuente con la autorización del MOPT o el gobierno local.
Para el legislador lo prioritario es que se establece un plazo máximo para esos arreglos y un referente sancionatorio.
“La propuesta que estamos haciendo para que no se continúe en esa acción irresponsable de varias instituciones de abrir huecos, zanjas, en carreteras que han sido recientemente asfaltadas y el asunto es que las dejan así.
Definitivamente tienen que sentarse las responsabilidades, por eso debe haber una coordinación entre el MOPT o las municipalidades para que estas instituciones tramiten el permiso, pero también que se hagan responsables, y eso es lo que pretende la ley, volver a asfaltar y dejar la carretera como estaba inicialmente”, expresó.
El restauracionista manifestó que no se encuentra en contra de las obras, sino que se dejan los trabajos mal hechos, lo cual va en detrimento de los usuarios.
La intención del proyecto es que la persona física o jurídica, la institución o empresa pública que provoque el daño en el instante en que sea para realizar construcciones, mejoras, reparaciones o dar mantenimiento a la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes deberá cubrir los costos de la reparación.
A partir de ello se deberá coordinar con la entidad a cuya jurisdicción corresponde esa vía, con el propósito de que las reparaciones se realicen siguiendo los estándares de calidad y usando los materiales que se indiquen.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Sábado 18 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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