La oficina de prensa de la Fiscalía General de la República envió este martes un correo electrónico a DIARIO EXTRA aclarando que el expresidente de la República Luis Guillermo Solís sí figura como imputado en la causa que se investiga por el llamado hueco fiscal de ¢900 mil millones.
Este medio había solicitado a dicha oficina, el pasado miércoles 24 abril, aclarar si en el expediente 18-000159-0033-PE que el Ministerio Público abrió desde agosto del 2018, en relación con este caso, había personas imputadas.
La respuesta recibida en ese instante fue: “En relación con su solicitud, la Fiscalía General de la República informó que el caso de su interés se tramita dentro del expediente 18-000159-0033-PE; al respecto, desde el 14 de agosto del 2018 se abrió una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes. El caso se tramita contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas”.
No obstante, ahora la Fiscalía aclara que, tras una nueva revisión del expediente, Solís sí figura como imputado por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
“Como seguimiento a esta solicitud que usted nos planteó, la Fiscalía General informó que, tras realizar una nueva consulta en su sistema informático de gestión, tiene registro de que el expresidente Solís Rivera figura como imputado dentro del expediente 18-000159-0033-PE, respecto del cual le habíamos informado la semana pasada”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público.
¿QUÉ ES EL HUECO FISCAL?
Fue la actual ministra de Hacienda Rocío Aguilar, quien informó a los diputados que el gobierno debería solicitar un presupuesto extraordinario por ¢600 mil millones, luego que la administración anterior no previó la colocación de canjes de deuda a más largo plazo.
El otro presupuesto extraordinario fue por ¢309 mil millones debido a un “error” de cálculo en la recaudación fiscal que tampoco previó la administración Solís Rivera en el presupuesto 2017-2018.
Aguilar también había reconocido que, para hacer frente al pago de la deuda que no fue presupuestada, se autorizó la amortización sin permiso del Congreso por ¢182 mil millones, lo que se ha señalado como una ilegalidad, al respecto ya la Contraloría General de la República abrió una investigación administrativa contra la jerarca.
En las comparecencias que se realizaron en la Comisión de Ingreso y Gasto por este caso, el exministro Helio Fallas siempre negó de la existencia del hueco y alegó que en Hacienda nunca lograron determinar un dato exacto para pedir un presupuesto extraordinario.
En otras comparecencias, el exdirector del Departamento de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Julio Espinoza, y el actual director de esta dependencia, Melvin Quirós, revelaron que tanto Fallas como la actual tesorera nacional, Marta Cubillo, quien era viceministra de Hacienda en la pasada administración, sabían de la urgencia de presentar un presupuesto extraordinario desde el mes de enero de este año.
Esta situación ha sido señalada por varios legisladores de oposición como un elemento clave, al inferir que el gobierno anterior no quiso reconocer dicha condición en medio de la campaña electoral.
SOLÍS CULPÓ A LIBERACIÓN
Pese a la posible cuota de responsabilidad y el supuesto delito que se le investiga, Solís se libró al culpar del hueco fiscal al que fuera candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.
El exmandatario también responsabilizó del faltante de ¢900 mil millones a Gerardo Corrales y Rolando González, entonces colaboradores del aspirante a la Presidencia.
Las afirmaciones del expresidente se dieron la semana anterior como reacción al informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre el desequilibrio presupuestario que tuvo que enfrentar el gobierno de Carlos Alvarado recién iniciada la administración.
Según Solís, los comentarios divulgados por el equipo de Desanti sobre las finanzas del Estado provocaron que, en diciembre del 2017 y enero del 2018, las negociaciones para canjear deuda se vieran afectadas, situación que desencadenó que las cuentas no cerraran.
En específico, argumentó que los comentarios malearon la confianza de los posibles inversionistas.
Solís dijo que el escenario político de ese momento enlodó las previsiones de su gobierno al punto de sumergirlo en la coyuntura que meses después tuvo que encarar la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, quien hizo frente a obligaciones de deuda sin autorización legislativa.
“Mi gobierno actuó con absoluta responsabilidad para impedir que el déficit fiscal estructural golpeara los bolsillos de los costarricenses, especialmente en diciembre del 2017.
El presupuesto del 2018 fue elaborado de manera responsable y seria por el Ministerio de Hacienda, fue avalado por el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República y finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa. Allí se contemplaron los gastos e ingresos previstos para el 2018 de acuerdo con la situación macroeconómica que había en ese momento.
Declaraciones públicas de políticos del Partido Liberación Nacional asustaron a los inversionistas internacionales que habían ofrecido créditos suficientes y superiores a los requeridos, en excelentes condiciones para el país. Nadie robó ni desvió un colón de esos recursos”, afirmó textualmente Solís.
Al pedirle que especificara nombres, aseveró: “Fueron dirigentes (del PLN), don Antonio Álvarez Desanti, don Rolando González y quien entonces era asesor económico de la campaña de don Antonio, don Gerardo Corrales”.
Al cuestionársele si fue la cadena presidencial ofrecida en agosto del 2017 la que asustó a los inversionistas y no los comentarios de Desanti, González y Corrales, el exmandatario rechazó de plano tal versión.
Las afirmaciones de Solís provocaron la furia del PLN. Tanto Desanti como Corrales y González atizaron en contra del expresidente. Incluso Corrales adelantó la posibilidad de demandar por injurias y calumnias.
INFORME
En el informe que la comisión legislativa dio a conocer la semana anterior, los diputados le atribuyen al expresidente no solo el posible delito de incumplimiento de deberes, sino también el artículo 338 del Código Penal: abuso de autoridad por cuanto ordenó actos arbitrarios y contrarios a la norma como lo es el pago de amortización sin tener autorización legislativa ni contenido presupuestario. Y el artículo 363: malversación de fondos, ya que se dio a los recursos una aplicación distinta a la que estaban destinados según lo aprobado por el Presupuesto.
Además, le solicitaron explícitamente a la fiscala general Emilia Navas investigar penalmente al expresidente y al exministro Helio Fallas y a los otros funcionarios de Hacienda involucrados en el caso.
Por último, solicitaron a la Contraloría inhabilitar a Solís y Fallas por cuatro años.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Miércoles 01 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA