Carlos Alvarado, presidente de la República, prácticamente le zafó la tabla al exmandatario, Luis Guillermo Solís, tras darse a conocer el informe relacionado con el hueco fiscal de ¢900 mil millones.
La posición dista mucho de la ofrecida por Alvarado a inicios de agosto del 2018, cuando el recién estrenado jefe de gobierno no responsabilizó a Solís del faltante presupuestario.
“Esto hay que ponerlo en dimensión. El problema que tenemos (hueco fiscal) trasciende de una u otra administración”, había asegurado a la prensa el año anterior en medio de las actividades por el Día de la Virgen de los Ángeles en Cartago.
Este martes, los diputados miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público concluyeron que el caso debe de trasladarse a la Fiscalía para que se investigue los supuestos delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad.
Las sospechas sobre este último, que está tutelado en el artículo 338 del Código Penal, se originan porque presuntamente Solís ordenó actos arbitrarios y contrarios a la norma, como es el pago de amortización sin tener autorización legislativa ni contenido presupuestario.
En el informe también se cuestiona que el expresidente Solís no solo evadió su responsabilidad, sino que ocultó información a la ciudadanía para favorecer al partido oficialista que se encontraba disputando la silla presidencial en 2018.
DEFIENDEN FUNCIONARIOS
Nancy Marín, ministra de Comunicación, dijo este miércoles -tras la consulta de la prensa- que el Poder Ejecutivo apoya que se eleve el caso al Ministerio Público para que se esclarezca.
Aseguró que son respetuosos de los procesos y recordó la independencia de poderes.
Asimismo, aprovechó para indicar que Alvarado mantiene férrea confianza en la ministra de Hacienda Rocío Aguilar y la tesorera nacional Martha Cubillo.
Lo anterior, pese a que el informe pide la destitución de Cubillo, quien en el gobierno anterior también fungía como viceministra de Hacienda.
“(Cubillo) evidenció poca o nula claridad de los datos, tardanza en la definición del faltante presupuestario, negligencia para actuar en consecuencia completando las partidas respectivas para los pagos de las obligaciones, provocando actuaciones irregulares en la amortización de deuda pública”, puntualiza el polémico documento.
En cuanto a Aguilar, el folio cuestiona que tanto la funcionaria como el propio Alvarado consintieron pagos ilegales de ¢182 mil millones sin autorización de los legisladores para hacerle frente al vencimiento de títulos de deuda pública debido al hueco fiscal que dejó Solís.
En agosto del 2018, Hacienda, bajo el liderazgo de Aguilar, autorizó la amortización de bonos que vencían en junio y julio, divididos en ¢48 mil millones de títulos a corto plazo y ¢134 mil millones a largo plazo.
Tras conocerse la irregularidad, la Contraloría General de la República abrió una investigación preliminar, ya que los ¢182 mil millones forman parte del presupuesto extraordinario de ¢600 mil millones solicitado el pasado 31 de julio, que aún no había sido aprobado por los diputados.
En palabras sencillas, Hacienda agarró de plata que no está aprobada para pagarles a los inversionistas.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Jueves 25 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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