Los hechos reclaman que defendamos la seguridad social

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He venido manifestando mi enorme preocupación por un bien intencionado y popular proyecto de ley que permitiría a los trabajadores, al jubilarse, retirar la totalidad del fondo que financiaría su pensión creada por la Ley de Protección al Trabajador.

Mi preocupación nace de que la sicología y la experiencia nos demuestran la necesidad de un sistema de previsión social, para evitar que muchísimos trabajadores -al no poder seguir trabajando- caigan con sus familias en la pobreza, si carecen de una pensión que les provea un ingreso mensual.

Un Informe reciente de la Contraloría General de la República ha venido en estos días a constatar el fundamento fáctico de mi preocupación.

Denominado “Impacto fiscal del cambio demográfico: Retos para una Costa Rica que Envejece”, ese informe vio la luz la semana trasanterior y señala los efectos en educación, salud y pensiones del drástico cambio que está sufriendo nuestra estructura poblacional.

Como una imagen vale mil palabras reproduzco la primera que nos presenta la Contraloría.

Como se ve, en solo 17 años el cambio es extremo. La tasa de natalidad se reduce en casi un tercio y la esperanza de vida aumenta en más de dos años.

Ese informe señala que con ese cambio “el grupo de personas mayores de 65 años representó el 3,5% de la población en 1950, el 8,2% en 2018 y aumentará al 20,7% en 2050: en un siglo la población adulta mayor pasará de ser el grupo poblacional más pequeño a representar la quinta parte de la población total”. Ello multiplica la cantidad de personas en edad de jubilación.

“Según la Dirección de Administración de Pensiones de la CCSS, a diciembre de cada año la cantidad de pensionados por vejez pasó de 42.043 personas en 2002 a 131.333 en 2017 (212,4% más) y se proyecta en un rango de 324.000-351.000 para 2030”.

La Encuesta Nacional de Hogares de 2018 señala que el 7% de las personas pobres son adultos mayores, lo que significa unas 82.756, y determina que el 20,2% de la población adulta mayor sea pobre. Si se mantienen las condiciones actuales y el régimen de IVM mantuviera su tasa de pensión actual, en 2030 más de 146.000 adultos mayores serían pobres.

La cantidad de ancianos pobres será mucho mayor si disminuye la tasa de pensión respecto al último salario, como se previó que ocurriría al aprobar la Ley de Protección al Trabajador por el cambio demográfico y la maduración del sistema, y como ha venido ocurriendo y es previsible que siga sucediendo. Esa disminución se compensa y corrige con la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que con ese fin se creó.

Este cambio demográfico fue uno de los factores que llevaron a mi gobierno a plantear la necesidad de establecer el ROP como un nuevo pilar de la seguridad social; que movieron a la concertación nacional a darle su apoyo en el marco de una reforma necesaria al sistema de cesantía laboral; a que las fuerzas de trabajadores y patrones le dieran su respaldo y a que muy mayoritariamente fuera aprobada en la Asamblea Legislativa la Ley de Protección al Trabajador.

No debilitemos la seguridad social que tanto nos ha costado venir construyendo desde los años cuarenta. Los hechos sustentan nuestro reclamo.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 08 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodríguez