Los taxistas piden una vez más el cierre de la aplicación Uber o de lo contrario advierten que acudirán a instancias judiciales ante el presunto incumplimiento del deber del regulador Roberto Jiménez al no cerrar esa empresa.
Así se puede leer en un documento enviado por Fenacotaxi RL al propio regulador donde se afirma que deben aplicar el artículo 44 de la ley constitutiva de Aresep que les da la potestad de cerrar empresas, y de no hacerlo incumple sus deberes.
“La Autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente, removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda de la fuerza pública. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público”, indica el artículo.
Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas comentó que ya hay suficientes resoluciones de diferentes instancias donde queda claro que Uber es más que una app y realiza una actividad de transporte remunerado de personas que es ilegal.
“Uber no es más que una app, es una empresa de transporte y ellos tiene la potestad de cerrarlo, eso es lo que le estamos diciendo al señor regulador para que cumpla con su deber”, expresó Ureña.
Incluso aseguró que ni siquiera por el tema de internet libre y los tratados firmados en este sentido son una razón, porque hay una actividad ilegal detrás y se debe detener.
“Ya hay países como España, China y otros que incluso tienen internet libre y han cerrado la aplicación incluso sin tener la regulación de transporte público que hay en Costa Rica”, agregó Ureña.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se le hace la solicitud a la Arece y a su regulador, donde la respuesta ha sido la misma, y es que ellos no tienen la potestad por tratarse de una aplicación tecnológica y no de una empresa física.
De momento los taxistas están esperando la respuesta y de no ser satisfactoria, entonces las instancias judiciales serán las que determinen si existe o no un incumplimiento de deberes.
Mientras los taxistas hacen esta petición, en la Asamblea Legislativa se da la discusión de un proyecto de ley mediante el cual se busca la legalización de la plataforma y el servicio que se brinda mediante ella.
