Julio Jurado, procurador de la República, se presentó esta tarde ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde señaló que podrían existir roces constitucionales en el proyecto de ley para la modernización del transporte público.
Así se los hizo ver a los diputados al señalar problemas con el derecho a la razonabilidad y proporcionalidad, pues acotó que hay dificultades con al menos cuatro aspectos de la iniciativa que legalizaría el funcionamiento de Uber y plataformas similares.
El cobro de 3% de cada uno de los viajes, el costo de inscripción de cada empresa y el pago de ocho mil millones de colones para las que han operado de forma ilegal destacan entre los aspectos señalados por Jurado.
Además, el fondo que se crearía con esos recursos que le estaría dando competencias al Consejo de Transporte Público (CTP) como la modernización de este sector, lo cual no le corresponde.
Lo que sí quedó claro es que los legisladores tienen toda la potestad de definir si determinan el servicio que dan las plataformas de movilidad colaborativa como servicio público.
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Señalan violaciones constitucionales en proyecto para legalizar Uber
Foto: Helbert Arley DIARIO EXTRA
