El Tribunal Penal de San José negó a DIARIO EXTRA el expediente sobre un caso en el que estaría involucrada Zhuyem Molina, candidata a magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del expediente 03-000082-016-TP, que se relaciona con un fraude por ¢459 millones contra el Programa de Compensación Social y Titulación de Tierras del Fondo de Asignaciones Familiares que salió a la luz pública a finales de los años 90.
El escándalo fue de tal magnitud que el 27 de octubre de 1998 la Fiscalía procedió a realizar una serie de allanamientos, incluido el Balcón Verde, sede del Partido Liberación Nacional (PLN).
A causa de eso el Tribunal de Juicio de San José condenó a los hermanos Sigifredo Martínez Meléndez, Marvin Martínez Meléndez y Jorge Martínez Meléndez por el millonario fraude en perjuicio del Fondo de Compensación Social y Titulación de Tierras en julio de 2007.
A la Redacción de El Periódico de Más Venta en Costa Rica llegó información de que Molina al parecer fue imputada en el caso y se acogió al principio de “criterio de oportunidad” con tal de no ir a juicio.
El criterio de oportunidad se refiere a que un imputado ofrece información clave con tal de no ser sujeto al proceso, convirtiéndose de esta manera en testigo estrella de la Fiscalía.
RESTRICCIONES
Con el fin de hacer el ejercicio periodístico como corresponde, El Diario del Pueblo acudió a los Tribunales de Justicia de San José la tarde de este viernes para corroborar o descartar cualquier detalle.
Al llegar a ventanillas un funcionario de nombre Rodolfo nos atendió, nos solicitó el número de expediente y de inmediato solicitó asesoría al juez Rafael Chinchilla.
En ese momento se nos indicó que debíamos solicitar autorización a la oficina de comunicación del Poder Judicial para que nos facilitaran el documento. Sin embargo en esa instancia nos indicaron que no estaban autorizados para hacer esa gestión. Este medio insistió en que el caso adquirió interés público, que la información es de acceso libre porque la sentencia se dictó hace más de 11 años y el expediente ya estaba archivado. Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA señalaron que los jueces de trámite del Tribunal de San José solicitaron en noviembre de 2018 el traslado del expediente de San Joaquín de Flores a San José, donde Molina precisamente funge como jueza de trámite de los Tribunales de Justicia.
EN LA FISCALÍA
La oficina de comunicación del Ministerio Público explicó a El Diario del Pueblo que la fiscala Greysa Barrientos revisó en sus registros sobre el expediente 03-000082-016-TP contra los hermanos Sigifredo Martínez Meléndez, Marvin Martínez Meléndez y Jorge Martínez Meléndez, implicados en este caso.
Según detalló, los juicios se llevaron a cabo en el Tribunal Penal de San José y Molina figuró como testigo en esta causa, donde se condenó a los hermanos por el delito de peculado en perjuicio del Programa de Compensación Social y Titulación de Tierras.
Al mismo tiempo este medio conversó con Marvin Martínez Meléndez, uno de los condenados, a quien se le consultó si Molina figuró como imputada y si recibió el criterio de oportunidad para aportar información que sirviera para que condenaran a él y sus hermanos.
Respondió que “la condición jurídica en ese proceso no me atrevo a decirla porque no me acuerdo. Me parece eso que usted me está diciendo, pero no estoy seguro. Esa información deben manejarla los Tribunales de Justicia”.
VÍNCULO CON PLN
La actual aspirante cuenta con un vínculo cercano al Partido Liberación Nacional (PLN), mientras tanto se desempeñó en funciones con figuras de la agrupación política tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo en los últimos siete años.
Primero fue juramentada como directiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en la sesión ordinaria 86 del Consejo de Gobierno el 17 de enero de 2012; es decir, durante la administración de Laura Chinchilla, mientras ejercía como funcionaria de la Defensa Pública del Primer Circuito Judicial.
En un documento del cual DIARIO EXTRA tiene copia se indica que Molina notificó a la Defensa Pública sobre la posibilidad de ejercer el cargo al argumentar que la directiva sesionaba después de las 4:30 p.m. y que su participación sería ad honorem.
En aquella ocasión Marta Iris Muñoz, quien se desempeñaba como jefa de la Defensa Pública, no encontró ningún tipo de inconveniente para el desempeño de sus funciones, “siempre y cuando este Consejo no disponga lo contrario”.
ASESORA AD HONOREM
El 17 de abril de 2017 Molina comenzó a laborar como asesora del exdiputado Ronny Monge por un lapso de dos meses, con el fin de colaborar en la redacción del proyecto de reforma al Código Penal desarrollado por la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico.
A diferencia de la primera ocasión, en esta oportunidad la Defensa Pública presentó una solicitud de revocatoria del acuerdo No.34-17 del Consejo Superior.
En un documento del cual El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia se lee que Muñoz aseguró que ya los recursos del programa 930 de la Defensa Pública, con el cual se otorgan los permisos con sustitución y goce de salario, se encuentran comprometidos para la ejecución de proyectos prioritarios en aquel momento.
Pese a la solicitud de revocatoria, se hizo caso omiso y se entregó el permiso con goce de salario y sustitución por dos meses.
Posteriormente, el 30 de agosto de 2017 y mediante el oficio No.9710, Gustavo Barquero Morales, prosecretario general de la Defensa Pública, solicitó extender el plazo cuatro meses más y prorrogar la situación.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Sábado 23 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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