La inclusión es primordial

Editorial

Con la llegada del siglo XXI los pensamientos hacia las personas con discapacidad cambiaron considerablemente. Ya no son los “pobrecitos” de la historia, sino que ahora se produjeron avances pertinentes en los procesos de inclusión.

De hecho, muchos de ellos han logrado ocupar puestos importantes que les permiten mostrar todas sus capacidades. Otros se han colocado en el mercado laboral y avanzan poco a poco.

Pero esas barreras no se han eliminado al 100%, lamentablemente no hay inclusión total, ya que muchos son muy cuadrados en su manera de pensar y otros es por puro temor.

Precisamente con respecto a este tema es importante hablar de números porque, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes recibe un promedio de 20 denuncias mensuales por el incumplimiento de la Ley 7.600; es decir, al año llegan cerca de 240 quejas.

Luego de ver estos datos en el fondo, nos preguntamos si esa cantidad de denuncias refleja realmente las penurias que a diario viven muchas personas que tienen alguna discapacidad.

Si bien la cifra que se reporta no es grande, hay que contar también aquellos casos donde impera el silencio por algún temor a represalias solo por el simple hecho de denunciar y exigir la defensa de sus derechos.

No podemos tapar el sol con un dedo y hay que ser claros en decir que como hay muchas empresas que tienen un 100 en inclusión, hay otras que tienen un cero como nota.

Es triste ver cómo aún algunas empresas autobuseras carecen de la rampa para las personas que cuentan con una capacidad diversa o en los hospitales que no se respeta las ventanillas de atención preferencial.

El país aún está en deuda para dar mayores espacios públicos en los servicios de salud, vivienda y pensiones, razones por las cuales se denuncia con mayor frecuencia ante la Defensoría de los Habitantes.

Las escuelas y colegios deben contar con los accesos porque existen menores que tienen discapacidad, sea por problemas al caminar y algunos incluso se desplazan en silla de ruedas.

Lo que esperamos es que, así como tallan a las empresas públicas, también hagan el propósito por hacerles las mismas exigencias a las instituciones que realmente son las que más quedan debiendo. No nos hagamos de la vista gorda y más bien solicitemos resultados tangibles.

Sabemos que el país atraviesa un problema fiscal y las autoridades abogan por soluciones prontas para salvarlo de una crisis financiera severa.

Pese a ello, se producen despilfarros de dinero, plata que serviría para efectuar mejoras y una de ellas es en el ámbito de la inclusión.

Las regiones de mayor pobreza tienen un peso importante en la incidencia de las denuncias presentadas, debido a que la mayoría de los casos ocurre en las más vulnerables de Costa Rica, como son la Chorotega, Norte, Brunca, Atlántica, Pacífico Central y Zona Sur.

Las autoridades deben prestar atención si quieren mostrar al mundo que son defensores en materia de derechos humanos. Los esfuerzos existen, pero no insuficientes.

También deben tener bajo la lupa a la población adulta mayor que va creciendo considerablemente.

En conclusión, la Defensoría alertó la ineficiencia para atender oportunamente cada una de las posibilidades y solicitudes por parte de las personas con discapacidad.

Debemos dejar el discurso del “pobrecito”. Uno como ciudadano aplaude cuando escucha que las empresas se catalogan inclusivas y permiten la oportunidad de desarrollar las habilidades, pero se requiere duplicar los esfuerzos.

La inclusión depende de todos como sociedad.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 05 Diciembre, 2018

HORA: 12:00 AM