Como parte de la discusión sobre la reforma fiscal, DIARIO EXTRA entrevistó este lunes a la economista Sofía Guillén para conocer su opinión sobre varios puntos del proyecto Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que recibió el viernes anterior primer debate.
Casi no se ha hablado de la regla fiscal, que está en el capítulo 4 del plan fiscal. ¿Cuál es su análisis sobre ese tema?
-Primero habría que decir que las reglas fiscales no son malas a priori. Cada regla fiscal es diferente. Cada país inventa la regla fiscal que le parece oportuno, cuando le parece oportuno. Esta regla fiscal en concreto que está en discusión en la reforma fiscal plantea que bajo ciertos escenarios de deuda se hagan recortes. Por ejemplo, cuando la deuda es inferior al 60% del PIB se hacen ciertos recortes en materia de gasto corriente sin tocar inversión pública. Cuando la deuda supera el 70% del PIB se hacen recortes al gasto total, es decir incluyendo infraestructura e inversión pública. En ese escenario, que es el más drástico, hay tener cuidado porque Costa Rica no está muy alejada de ese número. Este año empezamos con una deuda del 50% del PIB. Además, en el caso de llegar al 60% del PIB de deuda, la reforma dice que, a parte del recorte asociado al crecimiento interanual del gasto total, también se van a tomar algunas medidas extraordinarias como congelamiento salarial, pensiones y no se pueden pedir más préstamos ni hacer rescates financieros.
¿Qué se señala sobre las derogatorias?
-En uno de los capítulos la regla fiscal tiene una serie de derogatorias que lo que hace es eliminar la obligatoriedad de financiamientos sobre algunos programas sociales. Hoy, por ejemplo, el PANI se financia porque hay una ley que dice “se le debe entregar el 7% del impuesto sobre la renta a la institución”. Ese inciso se eliminó. Es decir, se elimina la obligatoriedad sobre el PANI, Cen-Cinai y ¢250 mil millones aproximadamente del Fodesaf, que incluye programas sociales muy grandes como las becas de Avancemos, comedores estudiantiles, IMAS, Inamu. En fin, esa obligatoriedad queda eliminada.
¿Cómo afecta eso a la sociedad?
-Cuando eliminan la obligación de financiarlos, ponen un transitorio que indica que no se le va a entregar menos de lo que se le entrega hoy. ¿Qué significa eso en el tiempo para un programa social? Que el crecimiento del presupuesto se estanca, se congelan los recursos de estos programas. Por ejemplo, los recursos asociados a las becas de Avancemos quedan congeladas en la práctica. Eso es lo que estamos hablando en el capítulo de la regla fiscal. ¿Tenemos que hacer algo? Sí, pero no eso. Es decir, lo que tendríamos que hacer es solucionar las causas estructurales del déficit, combatir el fraude y la corrupción y restringir gastos superfluos, pero los gastos superfluos no son ni los programas sociales ni los salarios de los maestros.
¿Qué pasa con el tema de las derogaciones que van a afectar a las universidades públicas?
-En ese mismo capítulo de derogatorias que comentaba de la regla fiscal, se deroga una de las leyes (la 7.386) de la cual se financian vía destinos específicos algunas de las sedes regionales y programas de algunas universidades públicas. De esas subpartidas es que toma recursos la Universidad de Costa Rica para su sede en Paraíso de Cartago, que es una de las que la propia universidad señaló se iba a afectar.
¿Esas derogatorias serán según el nivel de deuda?
-Esa lista de derogatorias no importa el nivel de deuda. Son derogatorias absolutas.
¿Qué ocurre si el proyecto pasa?
-Si el proyecto se vuelve ley de República, si es aprobado en segundo debate y no se cae por vicios de constitucionalidad, la ley entra a surtir efecto. Lo que esperaríamos es un congelamiento de los recursos de los programas sociales. No van a quedar en ¢0, van a quedar con sus recursos congelados y con una dificultad más, cuando se elimina la obligatoriedad quedan sujetas las partidas a la voluntad política de quienes gobiernan, porque entonces queda sujeto a que el día de mañana algún gobierno quiera o no quiera darles más recursos a los programas sociales.
Eso va contra la Costa Rica que hemos construido…
-La apuesta que hicimos como sociedad en Costa Rica fue un Estado Social de Derecho donde se invirtiera en programas sociales, por eso hay leyes que lo financian.
¿Esos destinos específicos tienen rango constitucional?
-Son destinos específicos. No tienen rango constitucional necesariamente. Esas leyes que están tocando ahí son aquellas en donde se determina un porcentaje, un monto específico para un programa social. Por ejemplo, el Fodesaf está financiado así, con una ley específica que dice cuánto debe recibir.
El 8% del PIB a la educación sí tiene rango, eso no puede tocarse.
-El 8% del PIB para la educación pública tiene rango constitucional, efectivamente. Lo que sucede es que ahora le quieren incluir el presupuesto del INA dentro de ese 8% del PIB. ¿Qué significa eso en la práctica? Menos recursos para el MEP y para las universidades públicas, porque ya no hay que dar la plata entre dos, sino entre tres.
DIARIO EXTRA entrevistó a Carlos Alvarado y él no señaló que la reforma es principalmente para tener mejores condiciones a la hora de buscar recursos en los mercados. ¿Cómo puede analizarse esa declaración tomando en cuenta que la deuda es del 50% del PIB y la reforma solo conseguirá un máximo del 1,5% (la mitad del déficit primario)?
-La reforma fiscal no soluciona el déficit, eso lo admite el propio Gobierno. Hay capítulos de la reforma que no tienen sentido. Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, admitió por ejemplo en Radio Actual que sobre el capítulo asociado a empleo público, el funcionario no es el causante del déficit y hoy (ayer) en una entrevista con Canal 13, Pilar Garrido, ministra de Planificación, admitió también que así no se soluciona el déficit. Entonces está claro que esta reforma fiscal no soluciona el problema de fondo. Además de eso, y según la entrevista realizada por DIARIO EXTRA, el mandatario reconoce que necesita esa reforma fiscal para endeudarse más, es decir no estamos arreglando el problema y lo que estamos haciendo es un retiro paliativo, temporal e insuficiente para ir a endeudarnos todavía más. Cuando terminemos este gobierno, a cuánto ascenderá la deuda y sin haber resuelto el tema del déficit. Eso es terrible desde el punto de vista económico y social. Por eso es que la responsabilidad fiscal en el debate debe ser trascendental, porque se necesita un plan que tenga reformas estructurales. Dentro de unos años, cuando otra vez tengamos problemas de déficits altos y la deuda haya crecido aún más, va a volver a pedirnos paliativos y van a ser cada vez más agresivos contra los sectores de menores ingresos.
¿Si la reforma es insuficiente, convencerá el Gobierno a los mercados de tener financiamiento a mejores tasas y a más largo plazo?
-Ellos (el Gobierno) están apostando a un respiro después de esta reforma fiscal cuando sea aprobada. Un respiro que posiblemente va a suceder. Posiblemente tengamos unos meses de livianeza económica porque todos vamos a terminar poniendo más por el pan, la leche y los huevos, que se traducirá en esa liquidez que el Gobierno necesita. El problema es que como no se solucionan las causas estructurales y considerando que el Gobierno espera endeudarse todavía más, lo que vamos a esperar es una situación fiscal aún peor en el mediano plazo y eso significa salir a buscar acreedores en peores condiciones. Dentro de un año o dos años, las tasas de interés, los plazos, las comisiones van a ser todavía más duras. Necesitamos solucionar el déficit ahora, porque si no otra vez vendrá un paliativo y otra vez los hogares que no causamos el déficit fiscal son los que tengamos que pagarlo. En 2 años, aun con reforma, estaremos peor.
Don Carlos se justificaba y decía que todos los países se endeudan para financiarse, pero yo sin ser economista creo que debe ser un nivel de deuda administrado…
-Un nivel de déficit y deuda controlados no son malos a priori. Usted podría estarse endeudando porque está invirtiendo, está sacando adelante a los sectores más empobrecidos, pero cuando no se hace eso y el déficit sigue creciendo y las salidas son empobrecer más los sectores más vulnerables, nunca se va a salir del bache. En economía llamamos a eso una reforma procíclica, es decir una reforma fiscal que, si usted está en un bache económico, lo deja en el bache, no lo saca del bache. Es una reforma fiscal que, en vez de reactivar la economía, la deja estancada o la desacelera. Nunca se puede salir adelante así. Un sector social más empobrecido, con una desigualdad creciendo, salarios muchos más bajos, capacidad de consumo mucho menor, reducción local disminuida, todo eso es lo que puede suceder. Costa Rica crece a niveles muy bajos. Tiene un nivel de desempleo muy alto, un empleo informal y subempleo disparado y eso lo que significa es que somos una sociedad empobrecida en la práctica, una economía poco dinámica y la forma de sacarla adelante definitivamente no es con esta reforma fiscal.
¿Qué opina de que esta reforma fiscal, un tema tan importante para el país, se haya hecho a la carrera, como se vio en la Asamblea e incluso tomando en cuenta que no se habló con todos los sectores?
-El principal y máximo error del Gobierno, a modo de observación personal, es haber empezado estos cuatro años con una ausencia de diálogo efectivo. Uno no se sienta en una mesa a hablar por hablar. Usted tiene que ir a buscar consensos, a buscar negociaciones que permitan hacer que avance la situación. Creo que, a estas alturas de la discusión, viendo que las mociones de reiteración se votaron atropelladamente, a una velocidad increíble, viendo que sacaron el primer debate el viernes, cuando había un sector de la población pidiendo que se pausara y se renegociara la reforma fiscal… Según el CIEP de la UCR, el 65% de la población quería eso. Eso tiene que ser un indicador en una democracia y yo creo que un gobierno, sea cual sea, tiene la obligación de sentarse a negociar con el sector que está pidiendo diálogo y que además no es una minoría.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Martes 09 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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