Álvaro González, exministro de Trabajo en la administración Arias Sánchez, y su cercano excolaborador cooperativo Freddy González corren el riesgo de no volver a ocupar cargos públicos, al menos por los próximos 5 años.
Esto es lo que valora la Contraloría General de la República por aparentes decisiones que tomaron siendo directivos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
El ente contralor confirmó que las personas bajo investigación son Alfredo Rojas Durán, Eliécer de los Ángeles Ureña Quirós, Freddy González Rojas, Álvaro Gómez Ferreto, Óscar Ávila Solé, Gerald Calderón Sánchez, Álvaro González Alfaro, Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Alberto Castro Ríos.
La causa se maneja bajo el expediente CGR-PA-2017008121, según informó la oficina de prensa.
La entidad señaló que el proceso actualmente se encuentra en trámite de recurso de revocatoria y apelación contra el acto final.
“El procedimiento del caso Infocoop se encuentra en la fase de recursos contra el acto final, por lo que de acuerdo con el artículo 7 inciso b) de las directrices para el manejo de la información es de acceso restringido”, indicó la Dirección Jurídica de la institución.
El proceso es por la asesoría, aprobación y emisión de una metodología de tasa de interés de equilibrio institucional (TEI) con errores matemáticos en su diseño y que considera valores de cero en los componentes de inflación y crecimiento.
El actual director del Infocoop, Gustavo Fernández, aduce que la institución dejó de percibir ¢15 mil millones por la aplicación de dicho indicador.
“Lo que nos viene a reafirmar la decisión de la Contraloría es que la intervención sí era necesaria. Hay una lesión al patrimonio al manipular la tasa de equilibrio. Debieron haber medido el impacto social. A algunas cooperativas les dieron tasas del 1,5%. Esa tasa subsidiada llegó a representar el 50% de los créditos del instituto”, comentó Fernández.
Añadió que ahora los créditos se están dando a tasas del 7% al 9% para recuperar la sostenibilidad financiera de Infocoop.
Por su parte, el abogado Luis Alonso Salazar, del grupo defensor de Freddy González, argumenta que, en las mismas audiencias realizadas por la Contraloría, los propios técnicos no lograron esclarecer los criterios técnicos de la tasa de equilibrio.
“No pueden ni demostrar que hay un error técnico, ¿cómo van a demostrar la responsabilidad de quiénes tomaron la decisión política?”, replicó Salazar.
Adujo que para llegar a esos acuerdos los directivos se basaron en el criterio de los técnicos y rechazó que la entidad dejara de percibir recursos, pues esas son proyecciones basadas en algo hipotético.
Algunas de las personas bajo la lupa de la Contraloría también son imputados en el caso judicial conocido como la “red criminal cooperativa”, que aún está en investigación en el Ministerio Público.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Viernes 21 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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