En la sesión 33-16 de la Corte Plena se analizaron varias denuncias que, tras una investigación administrativa, llevaron a los magistrados a conocer los señalamientos hacia la jueza de Familia de los Tribunales de Goicoechea.
Se trata de Karol Vindas Calderón, a quien le endosan atrasos hasta de dos años en casos de pensión alimenticia, guardacrianza e impugnación de paternidad.
En la causa disciplinaria número 12842-16-13-167-2016 se ventiló el detalle de los hechos y del proceso que fue analizado detalladamente al tratarse de un tema tan sensible como la materia de familia y pensiones alimentarias.
En la misma se señala a la jueza Vindas Calderón por negligencia en el ejercicio de sus funciones, al considerarse que afecta la legislación interna del Poder Judicial, a los usuarios y el servicio público que brinda la institución.
Los cargos que formalmente se le achacaron a la jueza de familia en el Tribunal de la Inspección Judicial son negligencia en el ejercicio de su cargo e incumplimiento de funciones.
“Concretamente se le reprocha a la acusada, atraso en la resolución de 16 expedientes en materia de familia y 70 expedientes de pensiones alimentarias. Estos casos le fueron pasados para fallo y los ha mantenido sin resolver por más de un mes, según indica el procedimiento disciplinario No. 15-000078-031-IJ.
CASOS SIN RESOLVER
Son 86 casos que se endosaron en la causa disciplinaria y el desglose se detalla que se trata de 9 de guardacrianza, 1 suspensión de patria potestad, 1 impugnación de paternidad, 2 reconocimientos y 73 de pensión alimentaria.
Entre ellos destaca uno que data de abril del 2013, sobre un proceso de suspensión de patria potestad que tardó dos años en resolverse y tuvo que llegar a las instancias disciplinarias que terminaron en la Administración de Justicia.
“Por cuanto desde el 15 de abril de 2013, se le asignó para fallo el expediente N° 09-000348- 0165-FA, el cual corresponde a un proceso de suspensión de patria potestad; sin embargo, para el 21 de mayo de 2015, usted todavía mantenía sin resolver dicho asunto, dejando transcurrir un período aproximado de 2 años y un mes, plazo que a todas luces resulta desproporcional e irrazonable”, indica el expediente en manos de este medio.
PENSIÓN ALIMENTARIA
Entre los casos de pensión alimenticia sobresale el expediente número 12-001974-0172-PA, que en el momento de la investigación contaba con un atraso de 11 meses en su tramitación, pese a ser un tema tan sensible y que dejó en vulnerabilidad por casi un año al menor y la solicitud de la madre.
“Se tiene asignado el expediente N°12-000194-0165-FA, que corresponde a un proceso de impugnación de paternidad, desde el 03 de febrero de 2014, sin que, para el 21 de mayo de 2015, dicho asunto cuente con resolución, por lo que ha dejado transcurrir más de un año sin resolver el citado expediente, incurriendo en un retraso grave en la resolución de dicho asunto”, indica la acusación.
CORTE PLENA
Según el expediente, la jueza señalada no solicitó que le refirieran la causa a la Comisión de Relaciones Laborales, sino se envió para que fuera analizada por los magistrados de la Corte Plena, que sometieron a estudio la supuesta negligencia y daño a la institución.
Tras el análisis de la prueba y el estudio de los casos, así como las versiones de los usuarios afectados, los magistrados consideraron, entre otros aspectos, que la administración de justicia y su estructura podrían ser causa de los atrasos que se achacan a la jueza Vindas Calderón.
Esta afirmación parte de los hechos que ya habían sido investigados por la Inspección Judicial, donde se comprobó las anomalías en el proceso.
“No se podría decir en este momento se deba a su negligencia, por cuanto habría que analizar las cargas de trabajo que pueda tener la encausada, la cantidad de asuntos que se sacan al mes comparando a lo entrado y a los parámetros de resolución mínimos que esta deba tener, si es que existen. Una cosa es la carga de trabajo que pueda tener y lo que se saca, pues podría ser un problema institucional y no solo responsabilidad de la encausada”.
En dos de los casos sí se demostró negligencia por parte de la jueza de familia al no tramitar a tiempo los compromisos con las partes involucradas en los casos.
En el momento de la resolución la entonces magistrada Eva Camacho indicó que: “el Juzgado de Familia tiene un circulante muy alto, y se le apoyó mucho con dos o tres jueces para el tema de pensiones alimentarias en segunda instancia. Asimismo, en el dictado de sentencias de mutuo acuerdo, y precisamente porque es un juzgado que representa una cantidad de trabajo muy grande”.
La votación de este caso fue duramente criticada por el ahora magistrado presidente Luis Fernando Cruz, quien criticó el sistema con que se valoran hechos como estos con una afectación directa a la ciudadanía.
“Que cuando quede empate una votación y sigamos votando, parece un partido de tenis con muerte súbita. No puede ser que una decisión judicial quede vinculada a un desempate, con poca fundamentación. Es decir, si no se decide, si es un empate, no hay decisión; el empate no tiene nada que ver con la valoración de los hechos”, dijo Cruz en la sesión.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Viernes 21 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA