La gasolina gratis de los diputados
Editorial
Hay situaciones que molestan al pueblo y en estos días de crisis fiscal, cuando cada gasto cuenta, la gasolina gratis que reciben los diputados y que pagamos todos los ticos indigna.
El reglamento de la Asamblea Legislativa, en su artículo 5 que tiene un carácter constitucional, establece que cada uno de los 57 legisladores debe recibir por mes el equivalente en dinero a 500 litros de combustible.
“Los diputados dispondrán de una cuota mensual de quinientos litros de combustible, para uso discrecional en vehículos automotores”, indica textualmente.
Esto incluso tiene un “respaldo” en lo que señala el artículo 113 de la Constitución Política: “La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.
“Se prevé que la ley deba fijar también las ayudas técnicas y administrativas que los diputados necesiten para el buen cumplimiento de sus funciones. Es decir que existe una reserva de ley también en materia de las ayudas técnicas y administrativas que deban recibir los diputados de la República”, explica una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República sobre el particular.
Se supone que este insumo debe utilizarse para que los padres de la patria realicen giras a sus comunidades, atiendan las necesidades y pedidos de la gente que los eligió.
Este gasto en cifras no deja de ser significativo para el presupuesto del Congreso.
En números fríos y según el costo del litro de gasolina súper actualmente, cada mes los 57 legisladores reciben en una tarjeta de débito, que está a su nombre, con la cifra de ¢340.500 correspondiente a los 500 litros.
Según ha explicado el director administrativo del Congreso, Antonio Ayales, en una reciente entrevista que concedió a DIARIO EXTRA, esta tarjeta y el uso del combustible es discrecional, no existe hoy ningún mecanismo de control para saber cómo y en quién gastan los parlamentarios sus 500 litros.
Es decir, así como pueden existir casos de legisladores que responsablemente asisten a sus comunidades en cantones lejanos de la capital los fines de semana y para ello utilizan este insumo gratuito, también es muy probable y posiblemente la gran mayoría no solo no hace visitas, sino que con esta gasolina llenan el tanque del carro de su esposa o esposo, sus hijos y por qué no, hasta de la suegra…
No hay forma de evitar este abuso, reconoce Ayales, e incluso dice que hay casos donde el legislador ha reclamado rebajos no autorizados por él, posiblemente porque le entregó su tarjeta del combustible al chofer o algún familiar, o sea el descontrol con este tema es total.
Pero sigamos con los números. Si por mes cada diputado recibe ¢340.500, en un año gastará ¢4.086.000 en gasolina. En total nosotros les pagaremos durante ese año ¢232.902.000.
Para cuando estos congresistas terminen su periodo y suponiendo que el litro de combustible no siga subiendo, por este rubro se desembolsará un total de ¢931.608.000 y cada diputado habrá consumido 24 mil litros de gasolina.
La cifra puede no sonar muy grande, sobre todo cuando se recuerda que en la llamada Trocha se perdieron ¢22 mil millones o en el caso del Cementazo alrededor de ¢20 mil millones, pero el problema es que estamos validando gasto público que se usa de forma irresponsable y sin mayor control.
¿Cuántos gastos más de este tipo que permanecen casi ocultos en reglamentos o artículos constitucionales nos cuestan miles de millones? ¿Por qué no hacer una limpia y eliminarlos?
El servicio público, como se indica, es para ello: para servir y no para servirse.
Es claro que nuestro sistema de elección de legisladores debe cambiar, no es confiable que los candidatos deban pagar millones en sus partidos para poder aspirar, porque de seguro muchos buscarán resarcir ese aporte cuando estén en el poder.
Se esperaría que el actual Congreso, que está cargado de gente joven que quiere hacer diferente las cosas, impulse cambios tanto a la regulación de este insumo y no permita más el abuso.
