Un total de ¢5.319 millones del presupuesto que maneja el Patronato Nacional de Construcciones de la Dirección General de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia y Paz, fueron manipulados en la institución y se trasladaron sin autorización de los diputados de la anterior legislatura.
La denuncia se analiza en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Según documentación, el millonario monto se designó a finales del 2016 al Patronato para la reconstrucción de infraestructura penitenciara en cárcel La Reforma.
Sin embargo, los jerarcas de la entidad le indicaron ese año a la Contraloría General de la República que el dinero no se ejecutó y sería reportado para el presupuesto siguiente.
Un año después, cuando se realizó una nueva solicitud, ambas instituciones señalaron que el presupuesto no se presentó extraordinariamente en Cuesta de Moras.
“Este tema lo expusimos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y son más de ¢5.300 millones que se manejaron por el Ministerio de Justicia sin ser aprobado presupuestariamente.
De hecho, hay oficios de la Contraloría General de la República donde le indican a la institución que esos recursos no se podían ejecutar porque no fueron aprobados”, manifestó Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional.
Los actuales jerarcas de Justicia solicitaron a la Asamblea la semana anterior que se incluyera el presupuesto extraordinario, que ahora es cuestionado.
Se adujo que los anteriores jefes pretendieron desviar el uso de los fondos presupuestados para invertir en cárcel La Reforma con el fin de construir la prisión de mujeres, sin contar con el aval de los congresistas y cometiendo claros delitos en el manejo de recursos públicos.
“Esto se tuvo que incluir en un presupuesto extraordinario para que el Ministerio de Justicia lo pudiera aplicar.
Estamos denunciando en la comisión que este es uno de los tantos casos que se han ido encontrando de ejecución de fondos sin haber presupuestado y sin pasar por la Asamblea Legislativa para su aprobación”, acotó el verdiblanco.
El tema ha sido del manejo de las autoridades de Justicia, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional.
Ahora se indagará la situación a la espera de esclarecer.
“Definitivamente es un irrespeto a la Constitución Política, que es la que garantiza que los presupuestos ordinarios y extraordinarios deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
Cuando terminemos el informe estaremos presentando la denuncia ante las instancias correspondientes por los delitos cometidos”, explicó Chacón.
No se descarta que la comisión legislativa convoque a las partes y a las dependencias ministeriales que advirtieron las anomalías.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Sábado 01 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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