Los tres hombres que denunciaron al sacerdote Mauricio Víquez como sospechoso de cometer delitos graves de abuso sexual en su contra están solicitando a la Arquidiócesis de San José un total de $600 mil (¢345 millones aproximadamente).
Sin embargo, según el protocolo de la Iglesia católica, no negocian. Así lo confirmó una fuente ligada al caso, la cual aseguró que la persona debe hacerse responsable de sus actos.
“No es la Iglesia como institución. Si las víctimas tienen alguna pretensión, deben hacerlo frente a la opinión pública, para que no se malinterprete en un tema delicado y dejar constancia de lo que se hace. Algunas de las 8 diócesis, que son conscientes de la transparencia con que deben actuar, llevan procesos donde se opera a partir de las denuncias que hace la supuesta víctima”, explicó.
El informante agregó que recientemente el Vaticano envió al representante Charles Scicluna para conocer hechos similares que se dieron en Chile, en que las víctimas solicitaban dinero.
Tal como lo comunicó DIARIO EXTRA en la edición de ayer, Víquez fue separado del cargo mientras se le investiga, luego de que las tres supuestas víctimas brindaron su declaración.
El primero de ellos planteó una acusación formal el 15 de mayo de 2018, mediante la cual aseguró que tenía entre 13 y 16 años al momento de los abusos, y que los hechos se produjeron en las comunidades parroquiales donde el denunciado ejerció como padre.
Ante esto, le impusieron medidas cautelares, por lo que no puede ejecutar actos propios del ministerio sacerdotal, sin embargo, Víquez hizo la mayoría de su trayectoria como administrativo y vocero.
OTRO CASO
Recientemente, el Tribunal Penal de Pavas en San José absolvió por certeza a un sacerdote de apellido Villalobos, luego de que lo acusaran de tres delitos de abuso sexual y una violación, presuntamente ocurridos en Los Guido de Desamparados, el centro de Alajuelita y San Francisco de Dos Ríos.
La denuncia se efectuó en agosto de 2014 cuando se desempeñaba como cura en la parroquia de Santa Marta, en la Y Griega, sin embargo lo que se juzgó supuestamente ocurrió en 2005 y 2013, contra un joven de 16 años, por dos abusos sexuales, y un adulto de 26 años por un abuso y una violación.
Sin embargo, el Tribunal no logró probar durante el desarrollo del debate que dichas situaciones habían ocurrido, indicando que no eran creíbles los alegatos de los ofendidos. Además, rechazaron el reclamo de ¢15 millones de una de las presuntas víctimas y más bien la condenaron a pagar ¢3 millones por los gastos procesales.
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CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
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Miércoles 22 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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