Líderes sindicales presentaron una serie de recursos de amparo contra la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública, tras más de un año de negativas del jerarca de ese cuerpo policial a entregar información administrativa, lo cual califican como un atropello a la Constitución Política.
Desde entonces los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mantienen tensas relaciones con Allan Solano, director de la PCD, a quien le solicitaron datos de las jornadas laborales de sus subalternos y durante más de un año se ha negado a entregarla.
A finales de julio la Sala Constitucional lo condenó y lo obligó por quinta ocasión a entregar información de la dependencia que dirige.
“Se ordena a Allan Solano Aguilar, en su condición de director general de la PCD, que adopte las medidas adecuadas y necesarias para que se suministre la información solicitada por el recurrente y le sea entregada en un plazo de 3 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, se deberá resguardar aquella información personal o sensible que se encuentre en dicha documentación”, ordena el fallo.
NEGATIVA
El problema empezó en 2017 y desde entonces para acceder a la información de la PCD se tiene que recurrir a los magistrados. Sin embargo, pese a los fallos del alto tribunal, la negativa continúa hasta la fecha.
“No entendemos cómo una institución que está plagada de profesionales en derecho sigue violando derechos fundamentales, especialmente de representantes sindicales. El argumento es para qué vamos a usar la información que ellos consideran sensible, pero la Constitución Política legisla muy bien lo que se considera como secreto de Estado”, declaró Jonathan Flores, representante sindical de ANEP-PCD.
Lo que las autoridades de la PCD califican como información sensible no es más que datos administrativos que no representan mayor peligro para la institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública, situación por la que no se comprende la negativa de Solano.
“Lo que estamos pidiendo es información administrativa y este recurso que se nos dio a lugar es contra la Policia de Control de Drogas, que recurre a la misma estrategia de exigir en qué se va a utilizar la información, demostrando mucha prepotencia, debido a que siempre ha hecho lo que ha querido en la institución”, añadió.
La Sala IV le da un plazo de tres meses a la PCD para que entregue la información referente a las jornadas de trabajo de los oficiales.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Sábado 18 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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