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Opinión

Un voto prudente y mesurado

Editorial

Como era de esperar en un tema tan polémico como permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el voto de la Sala Cuarta, que declaró inconstitucional el artículo 14 inciso 6) del Código de Familia, viene a provocar distintas reacciones en diversos grupos y políticos.

Muchos han protestado casi coléricamente. Unos porque deseaban que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera posible de una vez, así nomás, de la noche a la mañana; otros, porque más bien querían que eso nunca fuera realidad, a pesar del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dijo que ese tipo de unión debía respetarse. 

Pero la realidad es que cualquiera que hubiese sido el resultado habría levantado roncha, incluso tal vez más que la originó el fallo.

¿Qué hubiera pasado si los magistrados hubieran apoyado ya sea a Fernando Castillo, quien estuvo en contra del matrimonio igualitario, o a Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández, quienes declaraban la norma inconstitucional, pero no daban ningún plazo para cambiar la situación?

Pues a ellos se les hubieran venido encima todos los políticos y personalidades fiebres del matrimonio homosexual. Y si, por el contrario, hubiera triunfado la tesis de Fernando Cruz y Nancy Hernández, quienes querían que el matrimonio igualitario fuera de inmediato, pues hubiéramos visto a más de un religioso subirse a un monumento.

La tesis que imperó (darle a la Asamblea Legislativa un último chance de 18 meses para regular lo necesario) demuestra la sabiduría de un tribunal, de que para pasar de agua congelada a agua caliente es mejor darse primero un chapuzón en agua tibia por 18 meses.

Esto es totalmente razonable porque la legislación costarricense fue hecha bajo el modelo del matrimonio entre hombre y mujer, de manera que romper este dogma de años obliga a que los diputados estudien qué cambios se deben hacer en todo el ordenamiento jurídico.

Así, la Asamblea Legislativa debe decidir si la adopción se les va a permitir también a las parejas del mismo sexo. También le corresponde resolver cómo vamos a hacer ahora con el orden de los apellidos, porque lo normal hasta hoy es que primero va el paterno y luego el materno, cuando ambos padres han reconocido al niño. Pero ¿qué pasa cuando el niño proviene de una relación de lesbianas, en la que una de ellas queda embarazada por un donante anónimo? ¿El apellido de cuál de ellas va primero?

La cosa se pone más bonita con lo que estipula el artículo 35 del Código de Familia:

“Artículo 35.- El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios”.

¿Quién es ahora el esposo y quién la esposa de acuerdo a la norma, cuando el matrimonio es entre dos hombres o dos mujeres?

Por eso el tema debe resolverlo la Asamblea Legislativa: quitar el impedimento del matrimonio a las personas del mismo sexo obliga a cambiar muchas leyes más y eso solo pueden hacerlo los padres de la patria. 

Así que no se quejen en el Congreso porque la Sala les recuerda cuál es su responsabilidad. No se trata de un voto político, como dijo un legislador, ni de una sentencia cobarde. Todo lo contrario, se trata de una resolución muy equilibrada, que respeta la competencia del legislador.

Más bien ahora la tarea de los señores diputados es arrollarse las mangas y ponerse a trabajar, hacer lo que desde hace décadas le deben al país: analizar como Dios manda nuestras leyes y ver cuáles urge reformar para desaparecer todo discriminación por orientación sexual.

¿Lo lograrán? ¿Se pondrán de acuerdo? Muchos no lo creen posible. Demostrar que sí se puede es cosa de la Asamblea Legislativa.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 14 Agosto, 2018

HORA: 12:00 AM

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