Tope de cesantía y Sala Constitucional (2)
Dr. Celín Arce Gómez*
En el artículo publicado en la sección Está Legal del pasado martes 10 de julio hicimos referencia al fallo de la Sala Constitucional (SC) No. 8882-2018 del 5 de junio del presente año, mediante el cual estableció como nuevo tope para el pago del auxilio de cesantía el máximo de 12 años.
En esta oportunidad debemos analizar si los efectos de dicha sentencia solo se aplican a los trabajadores de Bancrédito o si pueden ser generalizados al resto de los empleados públicos.
La regla general que se aplica en los juicios que se llevan a cabo en los tribunales de justicia es que la sentencia produce efectos solo entre quienes fueron partes en el proceso concreto; pero en el caso de la jurisdicción constitucional dicha regla no se aplica, según veremos a continuación.
El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -LRJC- que regula el funcionamiento de la SC dice: “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”.
La jurisprudencia es el criterio reiterado de los jueces de la última instancia, en tanto que el precedente es el sentado en un caso concreto, por lo que podemos afirmar que la jurisprudencia es la reiteración de precedentes.
Erga omnes significa la facultad de exigir un derecho a cualquier persona y no a una persona en específico. Es una expresión que proviene del latín que significa “respecto de todos”, “frente a todos” o “contra todo el mundo”. En fin, la jurisprudencia y los precedentes fijados por la SC son vinculantes frente a todos, ante todos o contra todos, fuerza jurídica que solo tienen los fallos de la SC.
En el caso que analizamos la SC resolvió que es inconstitucional: “2) el pago de montos por auxilio de cesantía, -cuando en derecho corresponda-, mayores a un tope de 12 años”.
Estamos, entonces, frente a un precedente que, en virtud del artículo 13 citado, es vinculante para todos en forma general, incluidos los funcionarios públicos, el legislador y los jueces.
Por tanto, a partir del momento en que dicha sentencia produzca efectos jurídicos, ninguna institución pública podría reconocer más de 12 años de cesantía aunque existan normas internas que indiquen lo contrario, ya que lo estipulado en el fallo 8882-2018 es vinculante en forma general, como ya lo hemos explicado.
Los funcionarios públicos que actúen en forma contraria a dicha sentencia podrían asumir responsabilidad administrativa por no aplicar el artículo 13 de la LRJC y, por el otro lado, los actos administrativos concretos que emitan estarían viciados de nulidad absoluta.
Agregamos que este precedente de la SC es vinculante no solo en su parte dispositiva, sino también en sus fundamentos y razonamientos expuestos en sus considerandos, que son los que le dieron vida al fallo (votos 7072-95 y 13-95).
Hasta ahora solo se conoce la parte resolutiva, por lo que cuando se conozca el fallo completo, todos los fundamentos jurídicos dados por los magistrados serán igualmente vinculantes.
Cientos de empleados públicos ante la emisión de este fallo han optado por acogerse al beneficio de la pensión y otros cientos o miles están a la expectativa de qué decisión tomar y en qué momento.
Lo expuesto anteriormente nos invita a una seria reflexión por cuanto podrían perder ocho años de auxilio de cesantía. ¿Cuál va a ser su decisión?
*Abogado
Las opiniones antes expresadas corresponden al autor y no representan la posición oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
