A pesar de la ola de criminalidad que azota al país, el Ministerio de Hacienda no va a aumentar el presupuesto para Seguridad Pública.
La policía recibirá el mismo trato que el resto de las entidades por la situación fiscal nacional.
La Dirección de Presupuesto Nacional indicó a DIARIO EXTRA que: “todos los ministerios deben regirse por las directrices emitidas por el gobierno en materia de gasto”.
Señaló el órgano hacendario que, al igual que para las demás instituciones, dicha cartera recibirá en el 2019 el mismo presupuesto que en el 2018.
Lo anterior implica que Seguridad Pública deberá delimitar sus gastos a ¢258 mil millones. Este rubro ya incluye lo recaudado por el Impuesto a las Sociedades.
En cuanto a la apertura de plazas, si bien se exceptúan del congelamiento por medio de la Directriz 98H, la Autoridad Presupuestaria no explica de dónde saldrá el contenido presupuestario para pagar esos salarios.
Hace un año, cuando se anunció el presupuesto se había hablado de la posibilidad de crear 1.000 nuevas plazas para policías.
Se trató de conocer el criterio del ministro de Seguridad, Michael Soto, pero no se obtuvo respuesta al cierre de la edición.
INSUFICIENTE IMPUESTO
A LAS SOCIEDADES
Por su parte, la viceministra Administrativa, Fiorella Salazar, indicó a El Periódico del Más Venta en Costa Rica que la restricción presupuestaria impacta en el sentido de que apenas se logra cubrir el funcionamiento del ministerio, tal como se hizo el año previo.
Eso significa: “No poder contemplar posibilidades de inversión en infraestructura. El tema de las plazas y las horas extra están determinadas por directrices presidenciales”, comentó.
“Le hemos manifestado al Ministerio de Hacienda la necesidad de contar con recursos adicionales para atender las necesidades de infraestructura nueva”, añadió Salazar.
Para Minor Anchía Angulo, secretario del sindicato de Fuerza Pública de la seccional de ANEP, es prioritario saber cómo van a proveer a los oficiales de delegaciones dignas, porque algunas ya tienen hasta orden sanitaria de clausura. (Ver fotografía adjunta)
Este es el caso de Peñas Blancas, Palmar Norte y Pococí, pero hay nueve en la misma situación.
“¿Dónde van a meter a la policía? Hay delegaciones insalubres y si tampoco se puede alquilar, ¿cuál es la solución? Pareciera que el impuesto a las sociedades se volvió insuficiente, o será que de ahí van a tomar para el pago de salarios y horas extra. Están metiendo en un embudo al Ministerio que tiene a su cargo la seguridad de la ciudadanía”, dijo Anchía.
NO HABRÁ
RECALIFICACIÓN
Anchía agregó que el país necesita de una política de Estado para atacar a la criminalidad y que con un presupuesto limitado, la mayor afectación la tendrán los costarricenses.
“Nosotros esperamos que el ministro (Soto) nos diga qué va a hacer en una reunión prevista para el 23 de julio”, recalcó.
En diversas notas enviadas al personal, la Fuerza Pública tiene claro que una primera restricción es de dejar de aplicar el procedimiento de recalificación de plazas por el manual de puestos.
“Es una violación y un perjuicio para los compañeros, vamos a ir a los estrados judiciales y al final el costo para el Estado será mayor, por el pago de costas e intereses. Es un contrasentido en materia de gasto”, acotó Anchía.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Martes 10 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
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