La detención de 8 oficiales de la Fuerza Pública por aparentes allanamientos ilegales, que realizaron en mayo y octubre del 2017, generó un sinnúmero de reacciones y críticas por parte del gremio.
Los funcionarios involucrados y los representantes sindicales aseguran que las acciones que motivaron la captura de los uniformados se deben a presiones de altos mandos policiales y la obligación de crear estadísticas en las operaciones que realizan. Afirman que los llevan a actuar para completar registros.
Los detenidos son los integrantes de la Fuerza Pública de apellidos Monestel Navarro, jefe de la Unidad Especializada; Aponte Quirós, oficial de la Unidad de Intervención Policial; Anchía Céspedes, jefe de la Unidad de Intervención; los linces Mantus Reyes, Cascante Amador, Cortés Matarrita, Rodríguez Guzmán y Acuña Carvajal.
Este abordaje es la gota que derramó el vaso para muchos oficiales, quienes indicaron a los representantes sindicales que son obligados por disposiciones de sus superiores para levantar la incidencia y estadísticas de la labor policial con la intención de dejar consignada la labor que ejecutan en carreteras.
El problema para los funcionarios se viene presentando hace años y con la nueva administración, comandada por el ministro de Seguridad Michael Soto, parece que se repite la historia.
Los uniformados expresan que son obligados a realizar abordajes para AP (Archivo Policial) con la idea de reflejar en números el trabajo que se hace.
El problema, de acuerdo con los analistas, es que para trabajar de esa manera se debe contar con una noticia criminal o la sospecha fundada de la comisión de un delito.
“Cuando se analiza las declaraciones que rinde la fiscal del Ministerio Público hay que preocuparse porque deja entrever la representante que los policías son culpables y no respeta el principio de inocencia y el debido proceso.
Deja entrever que son culpables y esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque se juzga a los oficiales por un presunto allanamiento irregular de los oficiales y no por hechos de corrupción”, manifestó Mainor Anchía, de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
QUEJA
La molestia del actuar de la Fiscalía en los casos donde se demandan policías es por la posición que juegan los mandos superiores que giran órdenes para realizar operaciones ilegales.
Se considera que los jefes deben dar cuentas ya que son quienes llevan al error a sus subordinados, que al final tienen que enfrentar las acciones judiciales.
“Está bien que investiguen, es una potestad del Ministerio Público, pero que también investiguen a los jerarcas. Tanto en el caso de los compañeros y compañeras que fueron presentados en Limón, como en el más reciente, yo me pregunto: ¿Por qué no están siendo citados los máximos jerarcas?
La Ley General de Policía establece el deber de acompañar con asesoría legal los operativos de impacto, entonces ¿estaban o no con asesoría legal del MSP?”, amplió el sindicalista.
CASOS
Otro de estos casos que han indignado a los oficiales rasos de la Fuerza Pública se registró en los Tribunales de Flagrancia en San José, donde dos colaboradores de apellidos Calvo Vásquez y Orozco Mata fueron judicializados como sospechosos de presunto delito de robo agravado y abuso de autoridad.
El tema recibió amplia cobertura de los medios de prensa.
“Los acusados (los policías) requisan sin fundamento a una persona menor de edad, el 26 de noviembre del 2017, en el sector 7 de Los Guido de Desamparados. En la requisa, los oficiales le sustraen ¢26 mil que la víctima portaba en la billetera “, aseguró la Fiscalía que acusaba a los funcionarios.
Sin embargo, ambos fueron declarados inocentes y uno de ellos se refirió al tema. Aconsejó en sus redes sociales no confiar en las órdenes de los mandos superiores para que no ocurran este tipo de hechos.
“Ahora bien, no se me demostró nada contra mi persona y obviamente quedó muy claro que el menor denunciante llegó a mentir desde el momento en que denunció.
Compañeros, tengan mucho cuidado en sus intervenciones y no confíen para nada en los Alfa Limas (jefes de delegación), que en nuestro caso uno de ellos nos pasó detenidos y nos puso a la orden del Tribunal Penal”, manifestó Orozco Mata.
En la documentación que el representante sindical le entregó a la fiscala general, hay pruebas de que los hechos que se denuncian son ciertos y le piden a Emilia Navas convocar, en los casos de abuso policial que se investigan, a los máximos jerarcas de la cartera de Seguridad Pública.
Asimismo exigen indagar a representantes de la Dirección de Apoyo Legal Policial, encargados de recomendar jurídicamente a los oficiales.
Tratamos de conocer la posición del ministro Michael Soto, pero el departamento de prensa de la institución no contestó el correo ni mensajes solicitando explicaciones en cuanto al tema.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Miércoles 20 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA