Cinco funcionarias del Patronato Nacional de Rehabilitación (Panare) denunciaron a dos hombres de apellidos Madrigal Badilla, quien era director de la institución, y Zúñiga Barquero, administrador, por acoso laboral y discriminación.
A raíz de esto, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José los condenó en primera instancia para que ellos, junto con la institución, paguen ¢14 millones a las perjudicadas.
Una de las funcionarias recibirá ¢4 millones y deben pagarle los intereses legales generados desde la presentación de la demanda, que fue el 5 de abril del 2016. En cuanto a las otras cuatro, se les debe cancelar ¢2,5 millones a cada una, para un total general de ¢14 millones.
El desembolso debe realizarse inmediatamente la sentencia quede en firme, pues ahora los denunciados tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar sus apelaciones.
“Lo grave del caso es que, ante una mala administración que dan los señores Zúñiga y Madrigal, ahora el Panare tiene que pagar, institución que prácticamente está quebrada y tiene que destinar fondos para los fines que fue creada, para la atención de personas con algún grado de discapacidad”, comentó Álvaro Valverde, promotor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
“Ellas acuden a nosotros, aunque el caso ya contaba con su abogada, pero llegaron a raíz del acoso al que eran sometidas, la situación es tal, que se lleva a Medicatura Forense y al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y se detecta que hay bastante grado de afectación, a tal extremo que funcionarios han intentado suicidarse dentro de la institución”, agregó.
Por su parte, Sonia Sandí, abogada representante de las afectadas, dijo que hay dos casos más en espera de juicio tanto por hostigamiento laboral como acoso sexual.
“En este momento, una de ellas está internada en el psiquiátrico porque la presión es muy grande y le tiene miedo al señor Zúñiga. Anteriormente, un señor se había tomado un veneno en ese lugar, entonces la mujer afectada empezó a oír voces que le decían que se suicidara, que se tomara un veneno y fue ahí cuando empezó con ideas suicidas y fue a dar al hospital”, comentó la abogada.
El acoso por parte de los funcionarios del Panare, según reveló la defensora, abarcaba malos tratos, gritos extremos, ofensas y descalificación, entre otros aspectos.
A Sandí le llama la atención que, de los siete casos denunciados, todos son con contra mujeres, no obstante, asegura que a los hombres también se les acosa, aunque de forma más leve.
El pago de dedicación exclusiva que recibían las funcionarias se les eliminó, a tal punto que las afectadas estuvieron en serios problemas económicos, incluso, una de ellas estuvo al borde de perder su vivienda, según así detalló Valverde, y fueron cerca de ¢350 mil colones menos para cada una.
Aunado al pago económico, a Madrigal -que actualmente se desempeña como médico general del Panare- y a Zúñiga se les ordena que cesen de manera inmediata las acciones de hostigamiento laboral y discriminación, tanto fuera como a lo interno de la zona laboral.
Además de la sentencia judicial, la Junta Directiva del Panare tendrá que definir las sanciones que aplicarían en contra de los dos funcionarios condenados, de acuerdo con la normativa interna y el Código de Trabajo, inclusive podrían perder su empleo.
Los hechos por los que se condena a los imputados se presentaron a partir del año 2013 y se extendieron hasta el 2017, provocando daños psicológicos, económicos y morales a las víctimas.
Desde la ANEP aseguraron que continuarán con el caso para que no pueda haber impunidad, esto con el objetivo de que este tipo de situaciones no ocurran en otros lados.
DIARIO EXTRA intentó conversar con las autoridades del Panare, sin embargo al cierre de esta nota no fue posible entablar contacto.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Tomada de Facebook.
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Sábado 28 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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