Una reciente investigación efectuada por la Contraloría General de la República concluye que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tiene información imprecisa y desactualizada de los bienes inmuebles, entendidos como casas, lotes y propiedades por titular a sus ocupantes o municipalidades.
Al mismo tiempo, de acuerdo con la entidad contralora, en el informe Dfoe-AE-IF-00005-2018, una parte importante de bienes presentan una clasificación incorrecta en cuanto a su estado de ocupación, esto referido a las fincas disponibles para la venta, las que son facilitadas por contrato de adjudicación, las que están pendientes de traspasar por orden de una ley o decreto ejecutivo, las reservas de lotes no urbanizables o sin desarrollar, áreas públicas y comunales, y fincas por investigar por desconocerse su condición jurídica.
“El cumplimiento del fin público legalmente encomendado al INVU de brindar soluciones integrales a problemas de vivienda y procurar el desarrollo económico social de las familias, se ha visto afectado por el lento avance del Instituto en el proceso de titulación de bienes inmuebles a favor de ocupantes y municipalidades, los cuales a la fecha constituyen alrededor de 11.646 bienes inmuebles”, reseñó la instancia fiscalizadora del Estado.
OTRAS REPERCUSIONES
En este sentido, la Contraloría llama la atención de que dicho atraso en la titulación de los bienes inmuebles a los ocupantes contribuye a la imprecisión en los datos de familias en condición de pobreza y de déficit habitacional. En el caso de las municipalidades, dicha situación les impide el debido registro de los bienes municipales y comunales, al tiempo que limita la prestación de servicios municipales, así como la recaudación de impuestos.
El INVU, entre el 1° de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2016, tuvo que pagar a 22 municipalidades la suma de ¢212.753.887, por concepto de servicios públicos, entre los que se encuentran: alumbrado público, recolección de basura, seguridad ciudadana, limpieza de vías y parques, así como impuestos municipales, debido a que las propiedades, aún después de muchos años, están a nombre del instituto, pese a que las otras personas.
Por otro lado, producto de sentencias judiciales, debido a que estaba moroso en el pago del impuesto de bienes inmuebles y servicios municipales, el Instituto debió cancelar a la Municipalidad de San José ¢313,2 millones.
“La falta de información precisa acerca de los bienes inmuebles por titular y de su condición jurídica ocasiona el desconocimiento de parte del patrimonio del INVU y el riesgo de que la misma familia posea más de un bien inmueble, lo cual excluiría otros posibles beneficiarios que necesiten una solución de vivienda.
Además, impide a los ocupantes de las viviendas acceder al ejercicio de los atributos del dominio, entre ellos al crédito en el Sistema Bancario Nacional y al beneficio de reparaciones o ampliaciones que otorga el bono familiar de la vivienda. También ocasiona incertidumbre a las municipalidades sobre los bienes inmuebles disponibles para el cobro de servicios públicos y el impuesto de bienes inmuebles”, reseña la Contraloría.
La entidad contralora también subraya que el Instituto cuenta con varias listas incompletas e incongruentes, pues no muestran datos registrales como gravámenes, anotaciones y demandas; añaden bienes inmuebles que ubican sus oficinas; presentan fincas cerradas registralmente; otras con área, naturaleza o ubicación diferente a la indicada en el Registro Inmobiliario, y algunas no tienen plano catastrado.
NO HAY PLATA
Sobre el particular, Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, manifestó que dicha tarea pendiente suma 50 años, en los que ha habido negligencia, por lo que en actualidad sostuvo que están tomando las acciones respectivas para tratar de resolver el asunto.
Enfatizó que la entidad no cuenta con recursos para hacerle frente a esta obligación, por lo cual deberán tocar puertas al Gobierno, en este caso al Ministerio de Hacienda, a fin de que les suministren los dineros para hacer frente a esa labor.
Ante la situación, Montero aseveró que se trata de una tarea de alta complejidad, desde el punto de vista jurídico, técnico, social y económico, con lo cual dicho trabajo requerirá de años para poner las cosas en orden, debido a que no se trata de un asunto menor.
“Necesitamos dinero para montar y diseñar un plan que tenga responsables identificados, tiempos, objetivos, metas y todos los recursos para darle cumplimiento a algo que nadie más que nosotros estamos interesados y que se haga bien. Por ahora no podemos hablar de tiempos, ni de recursos, ni de costos, ni de propuestas, porque eso hay que construirlo, diseñar procedimientos, conciliar lo que la Contraloría denuncia con lo que hacemos”, recalcó Montero.
Más incongruencias
• Incongruencia entre la cantidad total de fincas por titular reportadas por el INVU por el orden de 12.515 a julio de 2013 y las 8.897 registradas en las 62 municipalidades con bienes inmuebles inscritos a nombre de ese Instituto.
• Además, a junio de 2017 el Registro Inmobiliario señala 11.025 fincas a nombre de la institución.
• De las 12.215 fincas o propiedades por titular, el INVU reporta que 893 las titularon entre 2013 y 2017, de las cuales, según la audiencia realizada por la entidad fiscalizadora, 24 aún están a su nombre y se desconoce la condición jurídica y de ocupación de 892 fincas por titular que mantiene en investigación desde 2013, estas se encuentran ubicadas en San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.
Fuente: Contraloría General de la República.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Lunes 23 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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