Los sindicatos no aguantaron más el malestar con el proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y decidieron irse a huelga el 25 de abril.
El movimiento se iniciará a las 10 a.m. de forma centralizada y se dirigirá hacia la Asamblea Legislativa, donde los sindicalistas entregarán un documento a los legisladores, pero dejando constancia que desde ya les piden que detengan esa iniciativa de ley y abran la mesa de diálogo.
Este movimiento se suma al que establecieron para el 1 de mayo y que también tiene como punto de partida el mismo parque, a partir de las 9 a.m.
Los líderes sindicales tuvieron reuniones con los jefes de fracciones legislativas para hacerles ver su oposición, además pidieron abrir una mesa de diálogo.
“Hemos hablado con jefes de fracción, con diputados, hemos tratado de hablar en Casa Presidencial, hablamos con el Ministro de Trabajo y el de Hacienda, les pedimos la mesa de diálogo, pero las puertas están cerradas”, comentó Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
Añadió que el proyecto debe ser detenido en la Asamblea para dialogar porque los más afectados son la clase trabajadora, donde cerca del 60% de gana menos de ¢300.000.
Aunado a ello dijo que el país tiene más de 20 impuestos y no niegan que una reforma sea necesaria, pero que no recaiga sobre los trabajadores.
SERVICIOS AFECTADOS
Tras el anuncio a la huelga, Cascante dijo que todos los servicios serán paralizados al ser una huelga nacional.
“Todos los servicios, de salud, de educación, servicios municipales, los puertos, todo estará paralizado y con respecto a los centros educativos, hacemos un llamado a los padres de familia para que no manden a sus hijos a clases ese día. Deben saber que los docentes no van a laborar ese día”, añadió.
Martha Rodríguez, secretaria adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca), dijo que efectivamente los servicios de salud se verán afectados, pero garantiza que los esenciales, como los de emergencias, serán atendidos. Además aseguró que tomarán las medidas necesarias para que se afecten menos.
“Hemos manifestado la preocupación de que pongan topes al gasto del seguro de salud como lo plantea la regla fiscal, pedimos que nos entiendan los asegurados”, comentó.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dijeron estar en contra del 15% de impuesto al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), del rebajo del 15% al seguro, pensiones voluntarias y el 8% de los dividendos de las cooperativas.
“Los empresarios de la alimentación dicen que con este paquetazo la canasta básica aumentará entre un 4% y un 8%. La nueva barbaridad es que se va a gravar con un 4% las pólizas del riesgo del trabajo, los seguros colectivos de vida y se van a gravar las pólizas colectivas de incendio para casas de interés social. El impuesto al valor agregado (IVA) generalizado nos provoca empobrecimiento general”, denunció Albino Vargas, secretario general de ANEP.
Los gremios sindicales apuntan a que no solo ellos están en contra de la iniciativa en el Congreso, debido a que golpeará el bolsillo de la clase trabajadora, la media y más humilde del país.
“Hay que entender que con este proyecto solo se va a recoger el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el déficit fiscal se mantiene en 6,4%”, explicó Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
Añadió que Costa Rica es un verdadero paraíso fiscal porque no se toca a quienes evaden los impuestos.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera
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Sábado 14 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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