David Zamora Aymerich, vecino de Curridabat, presentó un recurso de amparo electoral en contra del alcalde esa localidad, Edgar Mora Altamirano, y el presidente Luis Guillermo Solís.
El ciudadano les acusa de presuntamente incurrir en beligerancia política al realizar acciones con recursos del ayuntamiento y en horas laborales para supuestamente favorecer al candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carlos Alvarado.
“Hace aproximadamente unos veintidós días comenzaron arreglos de calles, arreglo de huecos, tanto en aceras como en calles, y a pintar de color amarillo los lugares destinados a adultos mayores, como las zonas de prohibición de estacionamientos, actividades y reparaciones que solamente se ven en épocas electorales (…) El señor alcalde llama con bombos y platillos a toda la comunidad de Tirrases de Curridabat donde se hicieron las mejoras con el único fin de llegar a inaugurar obras en conjunto con el señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, a quien también se le ha visto realizar visitas a comunidades olvidadas por este señor para hacerle puntos a su actual candidato oficialista, el señor Carlos Alvarado” enfatiza el denunciante, en el documento entregado al TSE, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
Según el artículo 146 del Código Electoral, a los alcaldes al igual que al resto de empleados públicos se les prohíbe: “dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político”.
En el caso del mandatario, tiene una prohibición total y solo tiene derecho a votar.
Zamora asegura que presuntamente el alcalde “en horas laborales sin saber de dónde, pero suponemos que de los mismos impuestos del pueblo de Curridabat, hace un video en donde abiertamente da su adhesión al PAC”.
Andrei Cambronero, vocero del TSE, explicó que la denuncia está en estudio de admisibilidad.
Este medio intentó consultar al alcalde de Curridabat, quien alegó desconocer la acusación por lo que no quiso referirse.
Si se determina que existe beligerancia, el funcionario puede ser castigado con la suspensión, destitución, o la prohibición de ocupar cargos públicos por un plazo entre 2 y 4 años.
