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Opinión

Obstinación y pesca de arrastre

Jorge A. Jiménez*

Que la pesca de arrastre es una técnica destructiva no lo niegan ni sus mismos defensores. Las redes arrastran con todo lo que encuentra a su paso, matando miles de toneladas de organismos marinos, dañando la ecología del fondo y privando a los pescadores artesanales de los peces de los que dependen. Esto lo sentenció la Sala Constitucional desde agosto del 2013; pidiendo nuevas técnicas con amplio respaldo científico como condición para que se pudiera volver a practicar el arrastre. Cinco años después, el Poder Ejecutivo no ha logrado ni siquiera iniciar un proceso integral y serio que trate de resolver esta situación. Durante este período falló en proveer el liderazgo requerido y rompió puentes con sectores ambientalistas, académicos y de la pesca artesanal, en un obstinado intento de reactivar la pesca de arrastre. ¡Su único argumento ha sido que “la gente en Puntarenas necesita comer”! 

Esta visión simplista y cortoplacista en un pescador que necesita llevar el sustento a su familia es entendible, pero en un gobernante que debe velar por los intereses del país es irresponsable. El desarrollo de nuestras costas no puede basarse en la destrucción de los recursos marinos. Esta visión solo ha logrado que hoy en día se desembarque la mitad del pescado desembarcado hace 20 años, que docenas de especies comerciales estén por desaparecer y que la mayoría de los pescadores vivan en la pobreza. Gracias a esta visión, la pesca, otrora una actividad que traía prosperidad y desarrollo a la costa, enfrenta hoy una crisis mayúscula. 

El Estado debería velar por la salud de los recursos marinos, recursos públicos que nos pertenecen a todos. Pero manejar estos recursos requiere de políticas claras, conocimiento científico, información veraz y un control efectivo de la actividad extractiva. Requiere de un abordaje integral, promoviendo alternativas de empleo y opciones de desarrollo en toda la franja costera. Mientras nuestras costas carezcan de estas opciones y alternativas, no habrá pesca sostenible. El actual modelo centralista, donde la GAM concentra las oportunidades de trabajo y educación, ha traído como resultado miseria y sobreexplotación en nuestras costas. Sin opciones reales, los pobladores costeros se vuelcan al mar buscando su subsistencia, aunque para ello tengan que sobrexplotar los recursos. 

Ante la complejidad del tema, nuestros gobiernos han optado por la salida simplista y cómoda de dejar que la pesca de arrastre sobreexplote el recurso y destruya nuestros fondos marinos; en un vano intento de asegurar empleo en la costa. Lo paradójico es que las soluciones para este tipo de problemas requieren tiempo, mientras las necesidades de las comunidades costeras son inmediatas. Es por esto tan lamentable que el Ejecutivo, en casi cinco años, no haya tenido ni la voluntad ni la capacidad para generar una solución integral al tema de la pesca de arrastre. Con gran visión, la Sala Constitucional había permitido en el 2013, que la actividad continuará en aquellos barcos que tenían licencia en ese momento. En los próximos meses, cinco años después de la sentencia, la mayoría de estas licencias vencen y las alternativas para las personas que dependían de esta pesca no se ha desarrollado. ¡Falta de visión e irresponsabilidad en el manejo del tema! 

Lejos de desarrollar opciones, este gobierno se dedicó en los últimos cuatro años a alimentar falsas esperanzas en el sector. Por medio de subterfugios, acuerdos ilegales de la Junta Directiva de INCOPESCA, deficientes proyectos de Ley y engañosos procesos “de diálogo”, intentaron con arrogancia reactivar la pesca de arrastre sin contar con una base científico-técnica. Los grandes perdedores han sido la gente que trabaja en la pesca o procesamiento del camarón. 

Nuestro país tiene la capacidad técnica y financiera para desarrollar opciones de empleo y desarrollo que sustituyan la pesca de arrastre, pero el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran. Hoy un quinquenio después de la sentencia, el gobierno saliente nos deja una crisis en la zona costera. El nuevo gobierno deberá, urgentemente, atender este problema en forma integral, involucrando a todos los sectores interesados e implementando alternativas viables. De no hacerse, continuará la sobre-explotación de los recursos marinos y la miseria en nuestras comunidades costeras.

 

*Director General, MarViva.

 

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Martes 27 Marzo, 2018

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