La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, se sacudió de los señalamientos hechos por el diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, quien denunció el acomodo de puestos en dicha institución, así como en otras dependencias como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Casa Presidencial, esencialmente para dejar supuestamente nombrados en puestos de propiedad, a personas que fueron designadas en plazas de confianza.
Según Redondo, con la reciente apertura de 20 plazas en el AyA, se amarrarían cargos de personas afines al gobierno saliente.
Al respecto, Astorga alegó que “la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General no ha solicitado puestos específicos para nombrar a los funcionarios que actualmente ocupan plazas de confianza, las veinte plazas que se señalan, de ninguna manera son nuevas o como indica “de apertura”, sino son plazas que han ido quedando desocupadas y que tienen funcionarios nombrados en forma interina desde hace más de un año, que han sido formados y capacitados en los puestos técnicos y operativos de sistemas de agua y saneamiento en su mayoría o, como hemos reiterado, producidos por los movimientos y dinámica institucional”.
Astorga destaca que en esta gestión se han elevado los parámetros para la selección de personal.
“Métodos tales como pruebas psicolaborales, psicológicas, entrevistas estructuradas, técnicas que miden el conocimiento en el puesto y entrevistas por competencias impiden que los nombramientos se realicen sino es a través de los resultados que mediante las figuras de ascenso, concurso interno o concurso externo se resuelven, todo fundamentado en la normativa interna y la Convención Colectiva que se encuentra vigente y los procedimientos técnicos definidos para ello” alegó.
La presidenta del AyA afirma que es la dinámica interna, la que les obliga a rotar de personal, esencialmente por la edad de sus trabajadores.
La Presidencia de la República también emitió un pronunciamiento oficial señalando que los “nombramientos de gobierno se realizan bajo absoluta legalidad y transparencia”, según alegan, se han basado en los parámetros de Servicio Civil, y obedecen a plazas vacantes, rechazando así que se haya efectuado “algún tipo de gestión para convertir puestos de confianza en nombramientos en propiedad”.
